Una coalición de 22 estados presentó dos demandas para impedir que el Gobierno de Donald Trump obtenga una base con información personal de aproximadamente 17 millones de conductores comerciales en Estados Unidos.
Las acciones legales están encabezadas por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. En ellas participan 21 fiscales generales y un gobernador, quienes acusan a los departamentos de Transporte y Seguridad Nacional de intentar acceder ilegalmente a nombres, fechas de nacimiento y números del Seguro Social.
Washington exige la entrega de los datos
El conflicto comenzó el 23 de julio, cuando una agencia del Departamento de Transporte solicitó por primera vez la información a la Asociación Americana de Administradores de Vehículos de Motor, conocida como AAMVA.
La organización cuestionó si tenía la obligación legal de entregar los registros. Según las demandas, la agencia federal respondió con la amenaza de cancelar subvenciones y contratos si la información no era suministrada antes del 17 de agosto.
Posteriormente, el 11 de agosto, la AAMVA recibió una citación del Departamento de Seguridad Nacional que exigía acceso al mismo sistema. En total, el Gobierno federal habría amenazado con retirar más de 10 millones de dólares en fondos.
Una base administrada por los estados
Los datos forman parte del Sistema de Información de Licencias de Conducción Comercial, conocido por las siglas CDLIS. La plataforma ayuda a los estados a administrar las licencias y verificar los antecedentes de las personas autorizadas para operar vehículos comerciales.
Aunque la AAMVA mantiene el índice que conecta los registros, la información procede de bases administradas por cada estado. El sistema permite localizar el estado responsable del expediente de cada conductor y dirigir las consultas de los usuarios autorizados.
Los demandantes aseguran que esos registros tenían hasta ahora un propósito específico relacionado con la administración y supervisión de las licencias comerciales. Además, sostienen que Washington no consultó a los estados antes de exigir una copia amplia de la información.
La coalición denuncia riesgos de privacidad
Las demandas alegan que los departamentos federales están vulnerando las leyes de privacidad al solicitar datos sensibles sin explicar claramente cómo serán utilizados. También acusan a las agencias de incumplir las normas de procedimiento administrativo.
La coalición pide a un tribunal que bloquee la entrega mientras se resuelve la disputa. Los estados argumentan que las autoridades no han demostrado una necesidad legítima para recopilar todos los registros ni han establecido límites para su uso.
Letitia James afirmó que la Administración Trump intenta apropiarse de información confidencial sin una justificación legal. Según la fiscal, el traspaso convertiría un sistema gestionado por los estados en una base federal cuya recopilación no fue autorizada expresamente por el Congreso.
Ahora corresponderá al tribunal decidir si las agencias federales pueden obtener los registros y si las amenazas de retirar fondos a la AAMVA exceden la autoridad del Gobierno.
