Varias organizaciones defensoras del derecho al voto solicitaron a una corte federal de Massachusetts una orden de emergencia para impedir que el Servicio Postal de Estados Unidos implemente nuevas restricciones sobre el voto por correo antes de las elecciones de noviembre.
La petición forma parte del caso League of Women Voters of Massachusetts v. Trump. Las demandantes ampliaron su reclamación para impugnar directamente la norma definitiva emitida por el USPS el viernes 21 de agosto.
La Liga de Mujeres Votantes de Massachusetts, la Liga de Mujeres Votantes, la Asociación de Estadounidenses Residentes en el Extranjero, U.S. Vote Foundation, OCA–Asian Pacific American Advocates y Delta Sigma Theta Sorority figuran como demandantes.
El grupo está representado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU; el Centro Brennan para la Justicia; Legal Defense Fund; Asian Americans Advancing Justice y LatinoJustice PRLDEF.
La norma crearía listas federales de votantes
La regulación exige que los estados proporcionen información sobre los ciudadanos elegibles para votar por correo. Con esos datos, el Gobierno federal prepararía listas específicas para cada estado.
El USPS solamente entregaría boletas electorales a las personas incluidas en esas listas. También podría rechazar sobres que no cumplan con nuevos requisitos de diseño establecidos por la agencia.
Las organizaciones advierten que el sistema podría impedir que votantes elegibles reciban sus boletas, aunque hayan seguido correctamente las reglas establecidas por sus estados.
Entre los grupos potencialmente afectados se encuentran miembros de las Fuerzas Armadas, estadounidenses residentes en el extranjero, personas mayores, ciudadanos naturalizados recientemente y votantes con discapacidades.
La demanda cuestiona la autoridad del presidente y el USPS
Las demandantes sostienen que la norma viola la separación de poderes establecida por la Constitución.
Según su argumento, los estados y el Congreso poseen la autoridad para determinar cómo se administran las elecciones federales. El presidente y el Servicio Postal no pueden imponer unilateralmente nuevos criterios para decidir quién recibe una boleta.
La demanda también acusa al USPS de infringir varias leyes que regulan el funcionamiento de la agencia. Además, señala posibles violaciones de la Ley de Privacidad de 1974 por la recopilación y difusión de datos personales de millones de estadounidenses.
Las organizaciones afirman que la regulación fue finalizada sin ofrecer el aviso público ni el periodo de comentarios exigido para implementar cambios de esta magnitud.
“Implementar la norma definitiva menos de 70 días antes de las elecciones generales afectaría gravemente el trabajo de participación electoral de las demandantes y crearía un serio riesgo de privación del derecho al voto”, expresaron las organizaciones en un comunicado publicado por la ACLU.
Una orden judicial anterior fue anulada
La regulación del USPS desarrolla una orden ejecutiva firmada por Trump el 31 de marzo. Esa directriz ordenó crear listas federales de ciudadanos elegibles y restringir la entrega de boletas por correo a quienes aparecieran en ellas.
El 11 de agosto, una jueza federal de Massachusetts bloqueó provisionalmente la implementación de esa parte de la orden durante las elecciones del 3 de noviembre.
Sin embargo, la corte anuló esa medida el 26 de agosto después de que el Tribunal Supremo resolviera, en un caso separado procedente de California, que la impugnación presentada en aquel proceso era prematura.
El Supremo no decidió si Trump posee autoridad constitucional para imponer las restricciones. Tampoco se pronunció sobre la legalidad de la nueva norma del USPS.
La corte de Massachusetts explicó que las organizaciones podrían volver a plantear sus argumentos una vez publicada la regulación definitiva. Las demandantes ampliaron inmediatamente su reclamación y solicitaron una nueva orden de restricción temporal.
Faltan menos de 70 días para las elecciones
Las elecciones de mitad de mandato se celebrarán el 3 de noviembre. Las organizaciones argumentan que introducir nuevos requisitos en este momento provocaría confusión entre votantes, funcionarios estatales y grupos dedicados a la participación electoral.
El tribunal deberá decidir ahora si vuelve a bloquear temporalmente las restricciones mientras examina la demanda ampliada.
