Un grupo de 17 pescadores ecuatorianos presentó una demanda ante un tribunal federal de Pensilvania contra el Gobierno del presidente Donald Trump, al que acusa de participar en un ataque con drones militares contra su embarcación y de someter posteriormente a sus tripulantes a detenciones ilegales y torturas.
Según el documento judicial examinado por EFE, los demandantes aseguran que el incidente ocurrió el 17 de marzo, cuando regresaban a Ecuador después de una jornada de pesca cerca de las islas Galápagos. Sin embargo, tanto el Pentágono como el Comando Sur estadounidense han negado cualquier participación en el ataque.
Pescadores ecuatorianos denuncian ataque con drones
La demanda señala que los 17 tripulantes viajaban a bordo del barco pesquero Negra Francisca Duarte II cuando fueron atacados mientras navegaban de regreso hacia Manta, Ecuador.
Los pescadores habían permanecido aproximadamente dos semanas realizando actividades pesqueras frente a las costas de las islas Galápagos.
Según el documento, antes del incidente fueron interceptados por la Marina ecuatoriana, que inspeccionó la embarcación durante unas tres horas.
Posteriormente, las autoridades navales les permitieron continuar su recorrido.
Sin embargo, el 17 de marzo, la embarcación habría recibido un ataque de “dos drones armados” que lanzaron “bombas” y provocaron un incendio.
Estas afirmaciones forman parte de la denuncia judicial y todavía no constituyen hechos establecidos por una sentencia.
Dos pescadores resultaron gravemente heridos
De acuerdo con los demandantes, el ataque provocó heridas graves a dos integrantes de la tripulación.
Los afectados fueron identificados como Jordy Alexander Flores y Leonel Alberto Pilay.
Ambos sufrieron quemaduras en diferentes partes del cuerpo, incluidos brazos, piernas y espalda.
Ante el incendio, los pescadores abandonaron la embarcación y se lanzaron al mar.
Posteriormente, consiguieron subir a pequeñas embarcaciones de emergencia y navegaron hasta encontrar un barco de color azul.
Según la demanda, ese encuentro dio inicio a una nueva serie de presuntos abusos contra los tripulantes.
Denuncian detenciones ilegales y presuntas torturas
Los pescadores aseguran que al llegar al barco fueron recibidos por personas armadas que hablaban inglés.
Algunos de los tripulantes llevaban uniformes de camuflaje con la bandera estadounidense, mientras otros utilizaban chalecos identificados con las palabras US Coast Guard.
De acuerdo con el escrito judicial, Jordy Flores recibió atención médica debido a sus heridas.
Sin embargo, los demás pescadores habrían sido inmovilizados, con las manos atadas y la cabeza cubierta con bolsas negras.
Flores también declaró que, durante su atención médica, varias personas le comunicaron mediante un traductor que habían sido responsables del ataque contra su embarcación.
Los demandantes afirman que posteriormente fueron trasladados a El Salvador, donde permanecieron privados de libertad hasta finales de marzo.
Estas acusaciones no han sido confirmadas de manera independiente en el despacho.
Gobierno estadounidense niega participación en el ataque
El incidente ha sido relacionado por los demandantes con la Operación Lanza del Sur, conocida en inglés como Southern Spear.
Se trata de una campaña militar estadounidense dirigida contra embarcaciones que Washington vincula con actividades de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
El Gobierno estadounidense ha defendido estas operaciones como parte de sus esfuerzos contra el denominado “narcoterrorismo”.
Por su parte, el Pentágono ha descrito los ataques como una defensa “vital de los intereses nacionales” del país.
Sin embargo, tanto el Departamento de Defensa como el Comando Sur han negado haber participado en el ataque específico contra el Negra Francisca Duarte II.
Por lo tanto, la responsabilidad de las autoridades estadounidenses en este incidente continúa siendo una cuestión controvertida dentro del proceso judicial.
Operación Lanza del Sur enfrenta cuestionamientos
La campaña militar estadounidense ha provocado preocupaciones por sus consecuencias humanitarias y legales.
Según cifras atribuidas a la organización WOLA, los ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico han dejado al menos 227 personas fallecidas.
Los demandantes sostienen que su barco no estaba relacionado con actividades criminales.
Además, argumentan que los tripulantes no representaban ninguna amenaza para Estados Unidos ni para sus fuerzas militares.
Su abogado, Daniel M. Kovalik, describió el presunto ataque como una actuación injustificada contra civiles que se encontraban en alta mar.
“El violento ataque (…) contra los demandantes y su embarcación, cuando se encontraban en una situación vulnerable en alta mar y no representaban ninguna amenaza para EE.UU. ni para su personal, fue extremo e indignante, sobrepasó todos los límites posibles de la decencia y debe considerarse absolutamente intolerable en un mundo civilizado”, escribió el abogado Daniel M. Kovalik, quien presentó la demanda en nombre de los pescadores.
Exigen compensación por daños y pérdidas económicas
Los 17 pescadores solicitan una indemnización por los daños físicos, emocionales y económicos que aseguran haber sufrido.
La demanda incluye acusaciones de agresión, lesiones, detención ilegal, destrucción de propiedad y daños emocionales intencionales.
Además, los demandantes piden que el tribunal ordene al Gobierno estadounidense poner fin a los ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.
Según el abogado, ninguno de los pescadores pertenecía a organizaciones narcotraficantes o terroristas.
Los afectados también denuncian haber perdido su principal fuente de ingresos tras la destrucción del barco.
Los pescadores “perdieron su fuente de ingresos como consecuencia de la destrucción” del barco y “atraviesan una grave situación económica. Todos sufren además un trauma psicológico severo a causa del ataque y el secuestro”, insiste la demanda.
Una segunda demanda por operaciones militares estadounidenses
El caso representa al menos la segunda demanda presentada ante tribunales estadounidenses por personas afectadas por este tipo de operaciones militares.
En octubre, familiares de dos ciudadanos de Trinidad y Tobago que murieron durante un ataque con misil contra una embarcación también emprendieron acciones legales contra el Gobierno estadounidense.
Aquella demanda fue presentada ante un tribunal de Massachusetts.
Ambos procesos plantean cuestionamientos sobre las consecuencias de las operaciones militares contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico.
En el caso de los 17 pescadores ecuatorianos, el tribunal deberá examinar las acusaciones y determinar si existen fundamentos legales para responsabilizar al Gobierno estadounidense.
Por ahora, los señalamientos permanecen como alegaciones de los demandantes, mientras las autoridades militares estadounidenses niegan su participación en el incidente.