El Gobierno de Estados Unidos anunció una investigación contra el estado de California por sus políticas que permiten el traslado de mujeres transgénero a prisiones femeninas.
La medida forma parte de una revisión más amplia impulsada por el Departamento de Justicia, que también incluye al estado de Maine.
Argumentos de seguridad y debate legal
Las autoridades federales sostienen que estas prácticas podrían representar riesgos para otras reclusas y plantear posibles conflictos con la Constitución.
La fiscal general, Pam Bondi, defendió la investigación señalando preocupaciones relacionadas con la seguridad en centros penitenciarios.
La ley estatal en el centro del conflicto
El foco de la investigación es la Ley SB 132, promulgada en California, que permite a personas transgénero, no binarias e intersexuales solicitar ser alojadas en instalaciones acordes a su identidad de género.
Aunque la ley está en vigor, su aplicación ha sido limitada.
Datos oficiales muestran que solo una pequeña parte de las solicitudes de traslado ha sido aprobada.
Cifras sobre traslados
Según el Departamento de Correcciones de California, de más de mil solicitudes de traslado desde prisiones masculinas a femeninas, menos de 50 han sido aceptadas.
En el caso contrario, los traslados desde prisiones femeninas a masculinas han sido aún menos frecuentes.
Un debate nacional en evolución
La investigación se produce en un contexto de creciente debate en Estados Unidos sobre políticas relacionadas con personas transgénero en ámbitos como el sistema penitenciario, el deporte y el servicio militar.
Desde 2025, la actual administración ha impulsado medidas que redefinen criterios oficiales sobre sexo y género en documentos federales.
Próximos pasos
Por ahora, el Departamento de Justicia no ha detallado plazos ni posibles consecuencias de la investigación.
El caso podría derivar en acciones legales o cambios en la aplicación de políticas estatales, dependiendo de los resultados.
