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Trump pide a la Corte Suprema frenar restitución del TPS para venezolanos en EE.UU.

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© Steelyk | Dreamstime.com

La Administración del presidente Donald Trump solicitó este miércoles 18 de noviembre a la Corte Suprema de Estados Unidos que bloquee una orden judicial que exige restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos. El beneficio permite a sus titulares permanecer legalmente en el país de manera temporal y los protege de la deportación.

La petición de emergencia busca detener una decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, en California, que ordenó restituir las protecciones migratorias retiradas por el Gobierno estadounidense. La disputa judicial podría afectar tanto a inmigrantes que permanecen en libertad como a personas actualmente bajo detención migratoria.

Trump busca impedir la restitución del TPS para venezolanos

El Departamento de Justicia presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema para impedir que entre en efecto la orden del tribunal de apelaciones.

En octubre, el Noveno Circuito había dispuesto restablecer las protecciones del TPS para los venezolanos afectados por la cancelación del programa.

Sin embargo, la Administración Trump sostiene que cumplir esa decisión perjudicaría las operaciones de control migratorio.

Según los argumentos gubernamentales citados por The Hill, restablecer temporalmente el beneficio obligaría a liberar a personas actualmente sujetas a procedimientos de deportación.

El Ejecutivo también advierte que podría resultar difícil localizarlas nuevamente si posteriormente se autoriza su expulsión.

Qué es el TPS y cómo protege a los venezolanos

El Estatus de Protección Temporal es un programa migratorio estadounidense que permite a ciudadanos de determinados países permanecer en Estados Unidos cuando enfrentan condiciones extraordinarias que dificultan su regreso seguro.

Entre sus principales beneficios se encuentran la protección temporal contra la deportación y la posibilidad de solicitar autorización de empleo.

Sin embargo, el TPS no equivale a una residencia permanente ni concede automáticamente la ciudadanía estadounidense.

En el caso de Venezuela, la cancelación del beneficio impulsada por la Administración Trump dio origen a una disputa judicial sobre las facultades del Gobierno para retirar las protecciones previamente otorgadas.

El resultado del litigio podría determinar la situación migratoria de cientos de miles de beneficiarios.

La disputa comenzó tras una decisión de Kristi Noem

El conflicto judicial está relacionado con la decisión de Kristi Noem, entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de anular una extensión del TPS concedida anteriormente a Venezuela.

La medida fue impugnada por la Alianza Nacional TPS, organización que representa a beneficiarios del programa.

En el caso conocido como National TPS Alliance contra Mullin, un tribunal federal determinó que Noem había excedido su autoridad al cancelar la extensión.

La organización demandante consiguió inicialmente una decisión favorable para los inmigrantes.

Sin embargo, la Administración Trump recurrió a instancias superiores para defender su política migratoria.

Posteriormente, la Corte Suprema autorizó temporalmente la suspensión de las protecciones, mientras continuaban los procedimientos judiciales.

Gobierno advierte que tendría que liberar a 1.800 inmigrantes

Uno de los argumentos centrales de la nueva petición se relaciona con las personas que permanecen bajo custodia de las autoridades migratorias.

El procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, advirtió que, si la Corte Suprema no interviene, el Gobierno tendría que restablecer el TPS y liberar a aproximadamente 1.800 extranjeros detenidos.

Además, la orden podría impedir que continuaran determinados procedimientos de deportación.

La Administración considera que estas consecuencias representan un perjuicio para la aplicación de las leyes migratorias.

Según el despacho de EFE, la suspensión temporal autorizada anteriormente por el Supremo estaba prevista para expirar el viernes 20 de noviembre.

Por esa razón, el Gobierno solicitó una intervención urgente antes del vencimiento.

ACLU critica la nueva petición de emergencia

Los abogados de los beneficiarios del TPS rechazaron la estrategia judicial de la Administración Trump.

Emi MacLean, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del norte de California, cuestionó que el Ejecutivo acudiera nuevamente a la Corte Suprema mediante una solicitud de emergencia.

En un comunicado, afirmó que el Gobierno “intenta, una vez más, saltarse los procedimientos habituales” para conseguir que la Corte Suprema respalde “sus acciones ilegales».

La representante legal considera que la Administración busca evitar el cumplimiento de las decisiones judiciales favorables a los inmigrantes.

Por su parte, el Gobierno sostiene que necesita preservar su capacidad para aplicar las medidas migratorias mientras continúa el litigio.

Estas posiciones reflejan las diferencias entre ambas partes sobre las facultades del Ejecutivo y las garantías de los beneficiarios del programa.

La Corte Suprema tendrá que decidir sobre la protección migratoria

La Administración Trump espera que la Corte Suprema, integrada por una mayoría de jueces conservadores, vuelva a respaldar su posición.

El máximo tribunal ya había permitido anteriormente suspender temporalmente el TPS mientras se resolvían aspectos del proceso judicial.

Sin embargo, la nueva solicitud se relaciona con una orden posterior que exige restablecer las protecciones.

La decisión que adopten los magistrados podría tener consecuencias inmediatas para los venezolanos afectados.

También influiría en los procedimientos migratorios de quienes enfrentan posibles órdenes de deportación.

Por ahora, la petición presentada por el Departamento de Justicia no constituye una decisión definitiva de la Corte Suprema.

Miles de venezolanos permanecen pendientes del fallo

La disputa sobre el TPS continúa generando incertidumbre entre los inmigrantes venezolanos que dependen de este beneficio para permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Mientras las organizaciones demandantes defienden la restitución de las protecciones, el Gobierno insiste en mantener su decisión de finalizar el programa.

El resultado dependerá de las próximas actuaciones judiciales y de la resolución que adopte la Corte Suprema.

Hasta que exista una nueva decisión, el caso continuará siendo uno de los principales enfrentamientos legales relacionados con las políticas migratorias de la Administración Trump.

El Especialito

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