Un grupo de 23 congresistas demócratas solicitó una investigación sobre la adjudicación de casi 7.500 millones de dólares en contratos para construir el muro fronterizo en la región de Big Bend, Texas. Los legisladores denuncian posibles irregularidades y favoritismo hacia empresas con vínculos políticos o profesionales con el presidente Donald Trump y miembros de su Administración.
La petición fue enviada este lunes 16 de noviembre al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con el objetivo de determinar si los contratos fueron otorgados correctamente y si las obras responden a necesidades reales de seguridad fronteriza.
Congresistas cuestionan contratos del muro fronterizo
La solicitud fue firmada por 23 legisladores demócratas, incluidos los representantes de Texas Lloyd Doggett, Verónica Escobar, Greg Casar y Joaquín Castro.
En la carta, los congresistas expresaron preocupación por la adjudicación de contratos multimillonarios para construir barreras físicas en el sector de Big Bend, ubicado en el oeste de Texas.
Según los legisladores, cuatro de los cinco contratos otorgados para esa región fueron adjudicados a dos empresas: Barnard Construction y Fisher Sand & Gravel.
La concentración de estos contratos y los vínculos señalados entre las compañías y figuras cercanas al Gobierno motivaron la petición de una investigación.
Sin embargo, los señalamientos todavía no constituyen pruebas de que se hayan cometido irregularidades durante el proceso de contratación.
Empresas contratistas enfrentan cuestionamientos
La carta identifica posibles conflictos de interés relacionados con las empresas beneficiadas.
En el caso de Barnard Construction, los legisladores señalaron que su fundador, Tim Barnard, donó aproximadamente un millón de dólares a organizaciones de recaudación de fondos vinculadas con la campaña presidencial de Donald Trump en 2024.
Por otra parte, Fisher Sand & Gravel contrató en 2021 a Tom Homan, actual responsable de la política fronteriza de la Administración Trump, para realizar labores de cabildeo en Texas.
Según el reporte, Homan trabajaba entonces al frente de una firma privada de consultoría.
Los congresistas consideran necesario examinar si estas relaciones pudieron influir en la adjudicación de los contratos.
No obstante, las donaciones políticas y las relaciones profesionales mencionadas no demuestran por sí mismas que existiera favoritismo o una actuación ilegal.
Big Bend genera preocupación por su impacto ambiental
La construcción del muro fronterizo en Big Bend ha provocado rechazo entre organizaciones ambientalistas, residentes y propietarios de terrenos.
La región incluye el Parque Nacional Big Bend, una zona protegida que se extiende por más de 324.000 hectáreas junto a la frontera entre Estados Unidos y México.
El parque alberga especies animales amenazadas, yacimientos arqueológicos y paisajes naturales característicos del suroeste estadounidense.
Por ello, los opositores a las obras han expresado preocupación por las posibles consecuencias ambientales y territoriales de construir nuevas barreras.
Los legisladores también cuestionaron si la inversión federal responde a prioridades justificadas.
En la misiva, los congresistas sostienen que “los contribuyentes merecen tener la certeza de que las decisiones que afectan al parque y a la región (…) responden a necesidades públicas legítimas y no a influencias políticas o intereses privados”.
Legisladores cuestionan la necesidad del muro en Big Bend
Otro de los puntos centrales de la solicitud es la clasificación de Big Bend como una región de alta actividad migratoria irregular.
El sector abarca aproximadamente 832 kilómetros de frontera y registra una proporción relativamente baja de detenciones.
Según los datos citados en la carta, durante 2025 concentró apenas el 1,3 % de las detenciones registradas en la frontera estadounidense.
Sin embargo, en mayo de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional clasificó la zona como un área de “alta” entrada ilegal de migrantes.
La agencia también argumentó que existía una necesidad “aguda e inmediata” de construir barreras físicas.
Los congresistas consideran que esta clasificación debe examinarse para determinar si está respaldada por las condiciones reales de seguridad.
Piden revisar el uso de fondos federales
La investigación solicitada pretende esclarecer tres aspectos principales de las obras fronterizas.
En primer lugar, los legisladores quieren determinar si Big Bend presenta realmente los niveles de cruces irregulares que justificarían una intervención de esa magnitud.
También buscan establecer si los contratos fueron adjudicados mediante procedimientos adecuados.
La preocupación incluye las exenciones de determinadas leyes federales utilizadas por el Gobierno para facilitar la construcción.
Finalmente, solicitan evaluar si el gasto de casi 7.500 millones de dólares responde al interés público.
La petición coloca bajo escrutinio tanto el proceso de contratación como los argumentos utilizados para justificar el proyecto.
Tribunal Supremo permite continuar la construcción
La solicitud de investigación llega una semana después de una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos relacionada con el muro en Big Bend.
Según el despacho, el máximo tribunal autorizó al Gobierno federal a continuar las obras que habían sido detenidas previamente por una instancia judicial inferior en Texas.
En su decisión, el Supremo consideró que el Gobierno cuenta con intereses “apremiantes” relacionados con la “seguridad e integridad” de la frontera.
El fallo permite avanzar con la construcción, pero no resuelve las preguntas planteadas por los congresistas sobre las adjudicaciones.
Por ahora, los legisladores esperan que el inspector general del DHS examine los contratos y determine si existen motivos para adoptar nuevas medidas de supervisión.
La controversia mantiene abierto el debate sobre el costo, la transparencia y el impacto ambiental de las políticas fronterizas de la Administración Trump.