Nueva York prohibió por ley la cooperación con ICE por parte de los cuerpos policiales locales en casos migratorios civiles. La gobernadora Kathy Hochul aseguró que la medida busca impedir que los agentes estatales y municipales sean utilizados para cumplir las metas de deportación del Gobierno de Donald Trump.
La ley, denominada “Policía local, crímenes locales”, establece que los agentes podrán asistir al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cuando exista una investigación relacionada con un delito. Sin embargo, no participarán en operativos destinados únicamente a determinar o ejecutar el estatus migratorio de una persona.
Hochul señaló que las fuerzas locales deben concentrarse en responder a delitos y proteger a sus comunidades. Según la gobernadora demócrata, los agentes no deberían ser enviados a escuelas, iglesias o tiendas de Home Depot para ayudar al asesor presidencial Stephen Miller a “alcanzar sus cuotas”.
Autoridades defienden la confianza de los inmigrantes
El jefe de Policía de Albany, Brendan Cox, respaldó la nueva legislación y advirtió que involucrar a los departamentos locales en operativos migratorios civiles puede deteriorar la relación con los residentes.
“La confianza se erosiona cuando se pide a las fuerzas locales realizar acciones federales migratorias civiles”, afirmó Cox.
El jefe policial sostuvo que, cuando una comunidad teme comunicarse con las autoridades, las víctimas pueden evitar presentar denuncias y los testigos dejan de colaborar con las investigaciones.
Cox aseguró que desde que comenzó su carrera en 1994, el cuerpo policial de Albany nunca se ha encargado de aplicar las disposiciones civiles de las leyes migratorias.
También cuestionó los convenios federales conocidos como 287(g), que permiten al ICE delegar ciertas funciones migratorias en agentes estatales y locales. Según varios responsables policiales, estos acuerdos resultan innecesarios en localidades donde los delitos han disminuido durante los últimos años.
La ley enfrenta una demanda de 15 alguaciles
Hochul afirmó que 60 de los 62 condados de Nueva York ya operaban, en la práctica, bajo los principios establecidos en la legislación. También aseguró que la medida ha superado impugnaciones anteriores en los tribunales.
Una de las principales excepciones es el condado de Nassau, en Long Island, donde las autoridades locales han mantenido una cooperación más estrecha con las agencias federales de inmigración.
El líder político del condado, Bruce Blakeman, busca reemplazar a Hochul como gobernador en las próximas elecciones y cuenta con el respaldo del presidente Trump. Nassau posee un número considerable de votantes republicanos y ha enfrentado durante años problemas relacionados con la violencia de pandillas.
Tras la entrada en vigor de la legislación, un grupo de 15 alguaciles presentó una demanda para impugnarla. Hochul y la fiscal general estatal, Letitia James, calificaron la acción como “un derroche frívolo de dinero” de los contribuyentes.
“Los tribunales ya se negaron a bloquear esta ley una vez, y confiamos en que lo harán de nuevo”, afirmaron ambas funcionarias. Mientras continúa el proceso judicial, las agencias policiales de Nueva York deberán cumplir con las nuevas restricciones.
