Decenas de personas se manifestaron este lunes en 11 municipios de Puerto Rico para exigir la salida de la Junta de Supervisión Fiscal. Las protestas coincidieron con el décimo aniversario de la creación del organismo federal.
Representantes de organizaciones laborales, comunitarias, políticas y de pensionados participaron en movilizaciones realizadas en 14 puntos del archipiélago.
Los manifestantes utilizaron pancartas con mensajes como “Pa’ fuera la Junta Colonial. ¡No a la Ley Promesa!” y “Sin justicia laboral no hay futuro para Puerto Rico”.
Junta de Supervisión Fiscal cumple diez años
El Congreso de Estados Unidos creó la Junta de Supervisión Fiscal mediante la Ley PROMESA en 2016.
El organismo recibió la responsabilidad de supervisar las finanzas públicas y reestructurar una deuda que entonces alcanzaba aproximadamente 70.000 millones de dólares.
“Diez años son demasiados y estamos hartos de la Junta en cada esquina del país”, declaró Emilio Nievez, portavoz de la Central Puertorriqueña de Trabajadores.
Nievez sostuvo que durante esta década aumentaron los costos de la electricidad, el agua y otros servicios esenciales.
“La Junta fue impuesta para alegadamente resolver una crisis y lo que hizo fue agravarla”, afirmó.
Organizaciones denuncian recortes presupuestarios
Julio López Varona, representante de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, criticó las políticas aplicadas por el organismo.
Según López Varona, la Junta promovió recortes masivos en el presupuesto público sin evaluar su impacto sobre la población.
También aseguró que esas medidas encarecieron el costo de vida y los servicios esenciales. Además, señaló que no atendieron las causas estructurales de la crisis económica.
Las declaraciones representan la posición de las organizaciones convocantes. La Junta sostiene que sus planes han permitido reestructurar la mayor parte de la deuda pública y estabilizar las finanzas del territorio.
Pensionados reclaman protección para sus retiros
Cristian Martínez, director ejecutivo de Construyamos Otro Acuerdo, destacó el impacto de las decisiones fiscales sobre los pensionados.
“Un retiro digno no es un capricho ni una dádiva, es un derecho básico que las pensionadas se ganaron dedicando su vida al servicio público”, afirmó.
Martínez pidió que Puerto Rico recupere mayor control sobre sus decisiones económicas y coloque las necesidades de la población por encima del pago de la deuda.
Manifestantes denuncian una imposición colonial
Ángel Rodríguez León, copresidente del Movimiento Nacional Hostosiano, relacionó la presencia de la Junta con la condición territorial de Puerto Rico.
“El colonialismo es incompatible con la democracia”, declaró Rodríguez León.
Según el dirigente, la supervisión federal limita la capacidad del pueblo puertorriqueño para decidir sobre asuntos fundamentales de su vida colectiva.
Puerto Rico mantiene desde 1952 el estatus de Estado Libre Asociado de Estados Unidos. Sin embargo, sus residentes no pueden votar en las elecciones presidenciales y carecen de representación con voto en el Congreso.
La deuda de la AEE continúa sin resolverse
La reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica permanece como el último gran proceso pendiente bajo PROMESA.
La Junta presentó en junio una oferta de 3.000 millones de dólares para alcanzar un acuerdo con los bonistas que todavía no aceptan el plan.
El organismo afirma que ya completó 12 reestructuraciones y eliminó más de 55.000 millones de dólares en pagos de deuda durante 40 años, según su informe sobre la propuesta para la AEE.
Mientras ese proceso continúa, las organizaciones manifestantes aseguran que mantendrán su reclamo para poner fin a la Junta de Supervisión Fiscal.
