ontraba el ala este de la Casa Blanca.
“La decisión de construir o no un gran salón de baile corresponde al Congreso”, escribió la mayoría del tribunal. Los jueces también señalaron que cada presidente es un ocupante temporal y no el propietario de la residencia ejecutiva.
La orden afecta principalmente las obras en la superficie. Algunos trabajos subterráneos relacionados con infraestructura de seguridad nacional habían recibido autorización para continuar.
El fallo quedó suspendido temporalmente durante dos semanas para permitir que el Gobierno acudiera a la Corte Suprema. Ahora, los magistrados deberán decidir si mantienen paralizada la construcción mientras avanza la apelación.
La Administración invoca la seguridad nacional
El Gobierno sostiene que el proyecto forma parte de una instalación con funciones militares y de seguridad. También argumenta que el presidente cuenta con autoridad para realizar modificaciones en el complejo de la Casa Blanca.
El Salón de Baile tendría alrededor de 90.000 pies cuadrados y un costo estimado de 400 millones de dólares. Trump ha asegurado que la construcción será financiada mediante aportaciones privadas y no con dinero de los contribuyentes.
El proyecto ha requerido la demolición del ala este, una decisión que generó críticas de organizaciones dedicadas a proteger el patrimonio histórico estadounidense.
Trump lo presenta como un regalo al país
El presidente considera el salón una de las obras centrales de su segundo mandato y parte del legado que desea dejar en la Casa Blanca.
“El Salón de Baile es un regalo del presidente Trump y de grandes patriotas de los Estados Unidos de América”, escribió recientemente en Truth Social.
El National Trust for Historic Preservation presentó la demanda que dio origen al caso. La organización sostiene que las obras comenzaron sin completar las evaluaciones, consultas y autorizaciones requeridas para modificar un edificio histórico.
El tribunal no decidió si el salón resulta conveniente desde una perspectiva política o arquitectónica. Su fallo se concentró en quién tiene la autoridad legal para aprobar una transformación de esa magnitud. La Corte Suprema deberá resolver ahora si las obras pueden avanzar mientras continúa esa disputa.
