Los recortes a FEMA propuestos por la Administración de Donald Trump podrían reducir hasta en un 50 % los fondos federales destinados a gobiernos locales después de huracanes, inundaciones y otros desastres. Florida estaría entre los estados más afectados.
La advertencia aparece en un informe del Florida Policy Institute, un centro de investigación apartidista. El análisis calcula que los fenómenos meteorológicos de 2023 y 2024 provocaron más de 38.500 millones de dólares en daños dentro del estado.
De esa cantidad, aproximadamente 16.180 millones fueron cubiertos mediante fondos federales. La participación de Washington disminuiría considerablemente si se aprueban las nuevas políticas.
El Gobierno federal cubriría como máximo la mitad
El Consejo de Revisión de FEMA, nombrado por Trump, propuso limitar los reembolsos federales al 50 % del costo de los desastres.
La regla general vigente establece una participación federal del 75 %. Sin embargo, el Gobierno puede elevar ese porcentaje cuando la gravedad de la emergencia lo justifica.
Ethan Frey, autor del informe, explicó a EFE que Florida recibió coberturas de hasta el 90 % y el 100 % para varios huracanes ocurridos entre 2017 y 2024.
Por lo tanto, limitar los reembolsos al 50 % podría representar en la práctica una reducción de entre 40 % y 50 % para determinadas operaciones de reconstrucción.
Florida habría necesitado otros 3.500 millones
El estudio examinó cinco grandes tormentas y calculó cuánto habría tenido que pagar Florida si las nuevas reglas hubieran estado vigentes.
“El estado tendría que haber destinado un adicional de 3.500 millones de dólares a lo largo de estas cinco tormentas que analizamos”, declaró Frey a EFE.
Ese dinero tendría que proceder del presupuesto estatal, de los gobiernos locales o de préstamos privados. El cambio sería especialmente importante para comunidades con una base fiscal limitada.
Florida ha recibido más recursos de FEMA que cualquier otro estado durante los últimos cinco años. Su exposición frecuente a huracanes hace que el costo de la recuperación dependa en gran medida de la asistencia federal.
FEMA también perdió miles de trabajadores
Los recortes a FEMA no se limitan a los reembolsos. La agencia separó de sus puestos a 4.300 empleados durante el año fiscal 2025, el primero del nuevo mandato de Trump.
La cifra representa un aumento anual del 55 % en la cantidad de trabajadores que abandonaron la agencia, según datos de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno.
“La plantilla de FEMA se ha reducido significativamente, lo que nos coloca en una situación difícil en caso de que golpee una gran tormenta”, señaló Frey.
Aunque la Administración retiró algunas de las reducciones más amplias que había contemplado, el investigador indicó que siguen paralizadas subvenciones para la mitigación de riesgos.
Esos programas ayudan a reforzar infraestructura, reducir daños futuros y preparar a las comunidades antes de la llegada de una tormenta.
Menos recursos para vigilar el clima
El informe aparece también después de recortes en programas vinculados con la vigilancia y los pronósticos meteorológicos.
El Center for American Progress denunció en junio reducciones de 200 millones de dólares en programas de pronóstico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.
Otros 150 millones fueron eliminados de fondos destinados a mejorar sistemas de observación climática. Estas herramientas ofrecen información utilizada para anticipar huracanes y organizar evacuaciones.
La Enmienda 3 añadiría presión a los condados
El Florida Policy Institute advierte que el estado podría enfrentar un “doble impacto” financiero.
Además de los recortes a FEMA, los votantes decidirán en noviembre sobre la Enmienda 3, promovida por el gobernador Ron DeSantis. La propuesta reduciría los impuestos a la propiedad.
Estos impuestos representan cerca de la mitad de los recursos utilizados por los gobiernos locales para responder a desastres. Según el estudio, la aprobación de la enmienda provocaría una pérdida de 12.000 millones de dólares.
Frey advirtió que una base impositiva más pequeña reduciría la capacidad de las comunidades para prepararse y cubrir la parte de los gastos que el Gobierno federal dejaría de reembolsar. Los condados y municipios podrían terminar recurriendo a préstamos privados para financiar la recuperación.
