El histórico acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, pese a los beneficios prometidos, es visto con cautela por expertos. Las dudas surgen por las incógnitas que persisten una semana después de su anuncio, los problemas de infraestructura en el país suramericano y los posibles cambios políticos.
Además, los especialistas advierten sobre los riesgos de que el acuerdo sea ejecutado por una sola compañía, dirigida por un empresario cuestionado.
A continuación, cinco aspectos clave del convenio.
Las promesas
El acuerdo contempla la explotación de una quinta parte de los más de 303.000 millones de barriles que Venezuela posee en reservas, las mayores del mundo.
El convenio fue anunciado el 28 de agosto por las autoridades venezolanas, cuya legitimidad cuestiona una parte de la oposición, y por la Administración estadounidense.
La presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, afirmó que el acuerdo incrementará “considerablemente” la producción petrolera del país. Actualmente, Venezuela produce 1,2 millones de barriles diarios, menos de la mitad del crudo que extraía en 1998, un año antes de la llegada del chavismo.
El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió que el convenio duplicará las reservas petroleras de su país. Estas se han reducido por la guerra contra Irán hasta alcanzar un nivel no visto desde 1983.
Rodríguez declaró el miércoles, junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, que espera que el acuerdo también beneficie a los ciudadanos estadounidenses.
Los interrogantes
Para el economista Asdrúbal Oliveros, se trata de “un convenio de una escala extraordinaria”. Sin embargo, considera que “precisamente por esa magnitud” resulta “prematuro evaluar el acuerdo como si ya fuese una realidad”.
“Hasta ahora conocemos anuncios y algunos términos generales, pero no tenemos suficientes detalles sobre la arquitectura contractual, las garantías, el régimen fiscal y los compromisos efectivos de inversión. Además, hay una diferencia enorme entre tener derechos sobre reservas y convertir esas reservas en producción, exportaciones y flujo fiscal”, declaró a EFE.
El proyecto tendrá una vigencia de 25 años y comprende el desarrollo de 17 campos con 65.000 millones de barriles. Su objetivo es alcanzar una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios, según Rodríguez.
También se prevé una inversión superior a los 100.000 millones de dólares. No obstante, Oliveros aclaró que, por el momento, esa cifra representa una “aspiración muy ambiciosa, no capital ya comprometido y desembolsado”.
“Venezuela necesita esa escala de inversión para recuperar su industria, pero movilizarla exige seguridad jurídica, infraestructura, servicios petroleros, talento y, sobre todo, confianza de inversionistas que deben comprometer capital durante décadas”, señaló.
El blindaje institucional
Oliveros advierte que existiría un “riesgo muy elevado” si el acuerdo dependiera “fundamentalmente del entendimiento político entre ambos Gobiernos”.
“Estamos hablando de inversiones cuya recuperación puede tomar décadas, mientras los ciclos políticos son mucho más cortos. De hecho, que el acuerdo contemple concesiones de hasta 100 años hace todavía más importante que exista un marco jurídico e institucional capaz de trascender a los Gobiernos actuales”, puntualizó.
En su opinión, una verdadera prueba será garantizar que las inversiones “sobrevivan a un cambio político tanto en Caracas como en Washington”.
Venezuela y Estados Unidos pasaron de ser enemigos a convertirse en estrechos aliados después de la captura de Nicolás Maduro hace ocho meses. La alianza es rechazada por seguidores del chavismo y está marcada por lo que algunos analistas describen como un tutelaje de Washington.
La reacción política
El economista y exministro venezolano Ricardo Hausmann criticó públicamente que Estados Unidos alcanzara un “acuerdo inconstitucional con un gobierno opresivo ilegítimo”, en referencia al Ejecutivo de Rodríguez.
Dirigentes opositores como el diputado Henrique Capriles y Juan Pablo Guanipa denunciaron que quienes actualmente están en el poder son los mismos que destruyeron la industria petrolera.
La líder opositora María Corina Machado advirtió el jueves que “los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores”, sede del Ejecutivo venezolano. Además, calificó al Gobierno de Rodríguez como un “régimen ilegítimo”.
La ganadora del Premio Nobel de la Paz también afirmó que “no hay desarrollo posible sin instituciones sólidas y sin un gobierno electo por el voto popular”.
El operador
Los 17 campos fueron asignados a North American Blue Energy Partners (NABEP), una empresa que ha otorgado al Pentágono una participación accionaria del 35 %.
Según un economista que pidió no ser identificado, el convenio concede “un superpoder” a NABEP, que “va a controlar quizás una parte importante de la producción petrolera venezolana”. El experto describió esa situación como algo “sin precedentes”.
Además, advirtió que un “superpoder” sin “controles y equilibrios puede nombrar y quitar presidentes o tomar decisiones en pro o en contra de todo un país”.
Al frente de NABEP está el empresario Alejandro Betancourt, quien ha sido investigado en España y Suiza por presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Betancourt construyó una fortuna durante el chavismo mediante contratos eléctricos, en medio de una crisis del sector que se agravó con los años. Sin embargo, ya ha sido defendido por Rodríguez y por altos funcionarios estadounidenses.
La Casa Blanca afirma que Estados Unidos “tiene poder de veto sobre el nombramiento de cualquier miembro de la junta directiva, y la mayoría de quienes integren la junta de NABEP deben ser ciudadanos estadounidenses”.
