Un gran jurado federal acusó formalmente a un migrante venezolano de agredir a dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, Texas. La acusación llega un mes después de que uno de los agentes le disparara por la espalda durante un operativo migratorio.
Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, enfrenta un cargo de agresión, resistencia, impedimento y obstrucción a un funcionario federal. Según la Fiscalía, utilizó su automóvil como un “arma mortal y peligrosa” durante el incidente ocurrido el 20 de septiembre.
El gran jurado presentó la acusación formal el 20 de octubre ante el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas. Si es declarado culpable, Garcés podría enfrentar hasta 20 años de prisión.
“Lo que podemos decir es que él niega los cargos y espera su día en la corte”, afirmó Fabiana Meléndez, portavoz de su abogada de inmigración, Kate Lincoln-Goldfinch.
La nueva acusación mantiene el cargo presentado inicialmente en septiembre, pero introduce dos cambios. Ahora identifica como presuntas víctimas a ambos agentes de ICE, señalados mediante las iniciales L.G. y D.F., y describe expresamente el vehículo como el arma utilizada.
¿Qué ocurrió durante el operativo de ICE en Austin?
Según la declaración jurada presentada por las autoridades federales, Garcés intentó alejarse en su automóvil después de que los agentes le ordenaran salir del vehículo.
La Fiscalía sostiene que, al arrancar, el espejo retrovisor del automóvil golpeó en el torso al agente identificado como L.G. Posteriormente, se produjo una persecución que terminó cuando el agente disparó contra el venezolano.
Sin embargo, Garcés ofreció una versión diferente durante una entrevista con un investigador federal.
El migrante aseguró que la camioneta del agente impactó su vehículo y provocó que girara sobre sí mismo. Según su relato, una vez detenido el automóvil, el funcionario disparó a través de la ventanilla trasera derecha y la bala lo alcanzó en la parte superior de la espalda.
Garcés reconoció que no obedeció la orden de abandonar el automóvil y que decidió arrancar. Explicó que había solicitado tiempo para estacionarlo y permitir que su esposa pudiera recogerlo, pues sabía que sería detenido.
La declaración judicial también señala que L.G., el agente que abrió fuego, no llevaba una cámara corporal. Su compañero sí utilizaba una, pero la apagó durante la persecución, después de perder de vista los vehículos involucrados.
Estas circunstancias forman parte de las dudas sobre cómo se desarrolló el operativo. La acusación formal no detalla el momento específico de la presunta agresión ni menciona el disparo que hirió al venezolano.
La defensa denuncia que la herida sigue abierta
Garcés permanece bajo custodia federal en el condado de Karnes, al sur de Texas, mientras continúa su proceso penal.
Su abogada de inmigración lo visitó el martes y encontró que estaba recuperándose y tenía mejor ánimo. Sin embargo, según su portavoz, “la herida en la espalda sigue abierta y sangra con frecuencia”.
Meléndez explicó que el venezolano recibe atención médica y espera comenzar próximamente un tratamiento de terapia física.
Mientras tanto, la petición de hábeas corpus presentada por su defensa para solicitar su liberación y detener la deportación quedó en suspenso. El recurso permanece pendiente mientras avanza el caso penal.
Garcés llegó a Estados Unidos en diciembre de 2023 mediante la aplicación CBP One y solicitó asilo. Posteriormente, un juez de inmigración ordenó su deportación en ausencia después de que no se presentara a una audiencia, según su abogada.
El caso continuará ante la justicia federal, que deberá determinar si existen pruebas suficientes para establecer su responsabilidad penal. Por ahora, Garcés mantiene su declaración de inocencia frente a las acusaciones.
