Estados Unidos había tramitado hasta el 10 de julio la devolución de 121.750 millones de dólares a empresas afectadas por los aranceles anulados por el Tribunal Supremo.
Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmó la cifra este miércoles a EFE. El dinero corresponde a gravámenes impuestos durante el Gobierno del presidente Donald Trump.
El monto procesado representa más del 70 % de los aproximadamente 166.000 millones de dólares que las autoridades calculan que deben reintegrarse.
Más de 16 millones de declaraciones procesadas
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, conocida como CBP, recibió alrededor de 24,4 millones de declaraciones de importación relacionadas con las devoluciones.
De ese total, cerca de 16,76 millones ya fueron procesadas para determinar su posible reembolso. Algunas también recibieron una devolución certificada, según la información proporcionada por la agencia.
Cada solicitud es evaluada de manera individual. Por tanto, el procesamiento de una declaración no significa necesariamente que el reembolso haya sido aprobado definitivamente.
La CBP sostuvo que ha cumplido con las decisiones del Tribunal de Comercio Internacional y de otros tribunales. Las órdenes están relacionadas con los cobros realizados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
Cómo solicitan las empresas los reembolsos
Los importadores y agentes de aduanas pueden presentar sus solicitudes mediante una plataforma digital conocida como CAPE. El mecanismo comenzó a funcionar en abril para facilitar la revisión de los casos.
Después de recibir una solicitud, las autoridades examinan los documentos y determinan si corresponde devolver el dinero. El proceso puede variar según las circunstancias de cada importación.
Sin embargo, un día después de la apertura de la plataforma, Trump sugirió que las empresas no debían intentar recuperar los pagos realizados por los aranceles posteriormente anulados.
El fallo que anuló el sistema arancelario
El Tribunal Supremo declaró ilegal en febrero el sistema que Trump había establecido en abril de 2025. El Gobierno utilizó la ley IEEPA de 1977 para imponer diferentes tasas a numerosos países.
El mandatario presentó esos gravámenes como medidas recíprocas frente a las políticas comerciales de otras economías. No obstante, el máximo tribunal determinó que ese marco legal no autorizaba el sistema aplicado.
Trump criticó ampliamente la decisión y anunció después un gravamen global temporal del 10 % bajo otra base jurídica. Esa medida expiró a finales de julio.
Posteriormente, la Administración anunció nuevos impuestos de entre el 10 % y el 12,5 % para productos procedentes de 60 economías. El Gobierno justificó la decisión al señalar presuntos esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso.
