Una jueza federal de California ordenó a los agentes migratorios dejar de detener e interrogar personas basándose únicamente en su apariencia latina o en estereotipos relacionados con su condición económica. La decisión representa un nuevo límite judicial a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza en el sur del estado.
La orden judicial contra el ICE en California fue dada a conocer el jueves 29 de octubre de 2026. La medida responde a una demanda presentada por organizaciones defensoras de los derechos civiles, que denunciaron detenciones realizadas sin sospechas individualizadas de posibles infracciones migratorias.
La jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong concluyó que los demandantes presentaron pruebas suficientes para justificar una medida cautelar mientras continúa el proceso judicial.
La resolución abarca siete condados del sur de California, incluido Los Ángeles, aunque contempla excepciones para puertos de entrada y puestos de control fronterizos.
¿Qué prohíbe la nueva orden judicial contra el ICE?
La resolución establece que los agentes migratorios no pueden detener a una persona basándose exclusivamente en su aparente origen latino o en características asociadas con trabajadores de bajos ingresos.
Para realizar una detención, los funcionarios deben contar con sospechas razonables sustentadas en circunstancias concretas.
La jueza también señaló que esas características no son suficientes para justificar una intervención, incluso cuando coincidan con la descripción general de una persona buscada.
La medida se aplica al Distrito Central de California, que comprende Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.
Sin embargo, la orden contempla excepciones para operaciones realizadas en puertos de entrada, puestos de control y otros lugares considerados equivalentes funcionales de la frontera.
La resolución no impide que las autoridades realicen operativos migratorios cuando cumplen los requisitos legales correspondientes.
Grabaciones y mensajes fueron utilizados como pruebas
La demanda fue presentada en 2025 por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Sur de California (ACLU) y otras organizaciones.
Durante el proceso, los abogados aportaron grabaciones de cámaras corporales, comunicaciones entre agentes y testimonios de personas detenidas.
Según la documentación presentada, algunos funcionarios utilizaron expresiones despectivas contra personas latinas y realizaron intervenciones en lugares de trabajo sin identificar previamente a sospechosos concretos.
Entre los establecimientos mencionados figuraban lavaderos de automóviles y tiendas de materiales de construcción.
La jueza consideró que las pruebas respaldaban la posibilidad de que existiera una práctica de detenciones basada en perfiles raciales.
No obstante, la resolución tiene carácter preliminar y todavía no constituye una sentencia definitiva sobre todas las acusaciones presentadas contra el Gobierno.
ACLU celebra la decisión y promete vigilar su cumplimiento
La ACLU del Sur de California recibió favorablemente la decisión judicial y anunció que supervisará su aplicación.
Mohammad Tajsar, director de derechos de los inmigrantes de la organización, sostuvo que las pruebas recopiladas durante más de un año reflejan prácticas discriminatorias contra comunidades latinas.
El abogado aseguró que continuarán observando las operaciones migratorias para comprobar que los agentes respeten las restricciones establecidas por el tribunal.
Por su parte, Flor Melendrez, directora ejecutiva de CLEAN Carwash Worker Center, destacó la importancia de proteger a los trabajadores frente a detenciones sin justificación legal.
La organización forma parte de la demanda y ha documentado intervenciones migratorias en lavaderos de automóviles del área de Los Ángeles.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha rechazado anteriormente las acusaciones de discriminación racial y sostiene que sus agentes realizan operaciones conforme a la ley.
La Administración Trump presentó una apelación ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito.
Otra jueza frena intento de revisar 20.000 votos por correo
La decisión sobre las detenciones migratorias coincide con otra disputa judicial entre el Gobierno federal y las autoridades de California.
El miércoles 28 de octubre, el juez federal David O. Carter rechazó una solicitud de la Administración Trump para separar hasta 20.000 votos por correo de personas cuya ciudadanía había sido cuestionada por el Departamento de Justicia.
El Gobierno federal argumentó que esos registros podrían corresponder a personas no ciudadanas inscritas para votar.
Sin embargo, el juez consideró que imponer una revisión extraordinaria cuando la votación ya estaba en marcha podía perjudicar a electores habilitados y alterar el proceso electoral.
La decisión no estableció que todas las personas incluidas en la lista fueran ciudadanas estadounidenses. El tribunal cuestionó la fiabilidad de los datos presentados y la legalidad del procedimiento solicitado.
El Departamento de Justicia anunció que recurriría la resolución.
Las decisiones llegan antes de las elecciones de noviembre
Ambos procesos judiciales se desarrollan a pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026.
En esos comicios se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado estadounidense.
Mientras continúan las disputas legales, la orden sobre las detenciones migratorias establece restricciones concretas para los agentes federales que operan en el sur de California.
La resolución también refuerza un principio constitucional: las autoridades deben contar con fundamentos individualizados para efectuar detenciones y no pueden utilizar únicamente la apariencia étnica como justificación.
El alcance definitivo de la medida dependerá de las próximas decisiones judiciales, incluida la apelación presentada por el Gobierno federal.
