La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes al Gobierno de Donald Trump a continuar la construcción del muro fronterizo en el oeste de Texas. La decisión incluye obras en la región del Parque Nacional Big Bend, una zona natural protegida junto a México.
El fallo permite reanudar la instalación de barreras y equipos de vigilancia que habían quedado suspendidos por una orden judicial. Sin embargo, grupos ambientalistas rechazaron la decisión por sus posibles consecuencias sobre el paisaje y la biodiversidad.
Corte Suprema permite reanudar las obras
La Corte Suprema autorizó al Gobierno federal a continuar los trabajos de construcción en un tramo de la frontera entre Texas y México.
La decisión, presentada en un documento de cinco páginas, deja sin efecto la suspensión ordenada por un tribunal de distrito de Texas mientras avanza el caso.
De esta manera, las autoridades podrán retomar las obras del muro y la instalación de sistemas de vigilancia.
Según el Supremo, mantener detenidos los trabajos perjudicaría los intereses del Gobierno en materia de seguridad fronteriza.
Por eso, los magistrados dieron prioridad a los argumentos federales sobre la necesidad de proteger la frontera.
El muro fronterizo genera preocupación ambiental
El proyecto ha provocado críticas de residentes y organizaciones conservacionistas de Texas.
Uno de los principales motivos de preocupación es su posible impacto sobre el Parque Nacional Big Bend.
Este espacio natural cuenta con más de 324.000 hectáreas protegidas junto a la frontera mexicana.
Además, alberga especies animales amenazadas, importantes yacimientos arqueológicos y paisajes característicos del suroeste estadounidense.
Los opositores consideran que las barreras podrían alterar las condiciones naturales de esta región.
También advierten sobre posibles daños a los ecosistemas y a las áreas utilizadas para actividades recreativas.
Organizaciones demandaron al Gobierno de Trump
Las organizaciones ambientalistas presentaron una demanda en abril para intentar detener la construcción.
Según sus argumentos, la Administración Trump vulneró la Constitución al eximir las obras del cumplimiento de numerosas leyes.
Estas exenciones buscaban acelerar la instalación de barreras y sistemas fronterizos.
Sin embargo, los demandantes consideran que el procedimiento afecta las protecciones legales de la región.
El tribunal de distrito había ordenado suspender los trabajos.
Ahora, la decisión del Supremo permite que el Gobierno continúe la construcción mientras se desarrolla el proceso judicial.
El Supremo prioriza la seguridad fronteriza
En su decisión, la Corte Suprema destacó los intereses federales relacionados con la protección de la frontera.
Según el fallo, la orden judicial anterior impedía al Gobierno avanzar en objetivos “apremiantes” de “seguridad e integridad”.
Además, los magistrados consideraron que esos intereses tenían mayor peso que los perjuicios señalados por los demandantes.
“El interés del Gobierno pesa más que cualquier daño estético, recreativo y ambiental alegado por los demandantes”, sentenció el Supremo.
La resolución representa una decisión favorable a la continuidad de las obras.
Sin embargo, no significa necesariamente que todas las controversias legales sobre el proyecto hayan quedado resueltas.
Ambientalistas rechazan la decisión judicial
El Centro para la Diversidad Biológica, una de las organizaciones demandantes, expresó su rechazo al fallo.
Laiken Jordahl, activista de la organización, criticó los posibles daños sobre el parque nacional.
“El Gobierno de Trump y sus contratistas están empeñados en destruir uno de los mayores parques nacionales de Estados Unidos”, afirmó.
Además, cuestionó las consecuencias que podrían tener las obras para el entorno natural de Texas.
“(Los jueces) están dando el visto bueno a la destrucción permanente del lugar más salvaje de Texas y a que nos roben a todos un gran río estadounidense”, agregó.
Estas declaraciones reflejan la posición de la organización ambientalista sobre el proyecto.
Big Bend registra pocos cruces irregulares
El sector fronterizo de Big Bend abarca aproximadamente 832 kilómetros, según el reporte de EFE.
A pesar de su extensión, se encuentra entre las zonas con menores registros de cruces migratorios irregulares.
Durante 2025, este sector concentró apenas el 1,3 % de las detenciones registradas en la frontera.
Este dato forma parte de los argumentos utilizados para cuestionar la necesidad de ampliar las barreras en la región.
Sin embargo, la Administración Trump sostiene que la construcción responde a sus prioridades de seguridad fronteriza.
Continúa el debate sobre el muro en Texas
La decisión de la Corte Suprema permite reactivar un proyecto que había quedado detenido por orden judicial.
Mientras tanto, los grupos conservacionistas mantienen sus preocupaciones sobre el impacto ambiental.
El conflicto plantea diferencias entre las prioridades de seguridad del Gobierno y la protección de territorios naturales.
Además, la resolución podría influir en el desarrollo de otras controversias sobre obras fronterizas, aunque el reporte no identifica casos específicos.
Por ahora, las autoridades federales podrán continuar los trabajos en el oeste de Texas, mientras sigue abierto el debate sobre sus consecuencias para el Parque Nacional Big Bend.
