La ley de Confianza de Nueva York se convirtió este lunes en el centro de la discusión pública luego de que el Concejo Municipal celebrara la primera audiencia del proyecto que permitiría a inmigrantes detenidos ilegalmente demandar al gobierno de la ciudad. La propuesta busca reforzar las protecciones incluidas en las leyes santuario y responsabilizar a las agencias municipales cuando violen esas normas.
El proyecto, conocido formalmente como Ley de Confianza de la Ciudad de Nueva York, autorizaría a cualquier persona detenida en contra de las leyes santuario o retenida debido a cooperación indebida entre la ciudad y agentes federales de inmigración a presentar una demanda. Nueva York Ley de Confianza se aplicaría exclusivamente a actuaciones del Departamento de Policía, el Departamento de Correcciones y el Departamento de Libertad Condicional.
Las leyes santuario en la ciudad limitan de manera estricta el uso de recursos municipales para colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Además, prohíben que las autoridades locales transfieran detenidos a ICE sin una orden judicial firmada por un juez y sin que exista una condena por delitos graves o violentos. Estas disposiciones buscan proteger a comunidades inmigrantes frente a detenciones arbitrarias y evitar prácticas que fomenten el temor a las instituciones públicas.
El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, aprovechó su creciente visibilidad pública para explicar a los inmigrantes cuáles son sus derechos ante una posible redada migratoria. Mediante un video difundido en redes sociales, señaló que ICE no puede ingresar a un hogar, escuela o área privada de un lugar de trabajo sin orden judicial. Subrayó que la agencia federal puede presentar documentos que simulan ser órdenes, pero que no tienen validez legal para permitir un arresto. Nueva York Ley de Confianza refuerza también la idea de que las personas tienen derecho a permanecer en silencio y a grabar a los agentes mientras no interfieran con un operativo.
Mamdani, quien asumirá la alcaldía el 1 de enero, insistió en que la ciudad protegerá a los más de tres millones de inmigrantes que la habitan. También afirmó que defenderá el derecho constitucional a protestar y que Nueva York continuará siendo un lugar de acogida, apoyo y respeto para las comunidades migrantes.
La propuesta de ley abre un nuevo capítulo en el debate sobre la relación entre autoridades locales y federales en materia migratoria, y marca un movimiento significativo hacia una mayor vigilancia y rendición de cuentas dentro de las agencias encargadas de la seguridad pública.
