Una deportación ejecutada por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos dejó a seis migrantes latinoamericanos en la República Centroafricana. Los afectados aseguran que desconocían su destino y que fueron obligados a abordar el avión.
El grupo está integrado por cuatro cubanos, un hondureño y un ecuatoriano. Actualmente permanece en Bangui, capital del país africano, desde donde solicita ayuda para regresar o encontrar un destino seguro.
Brayan Sánchez, originario de Honduras, relató a EFE por videollamada que ICE nunca le informó que sería enviado a África. Según su testimonio, los agentes solo le dijeron que su proceso migratorio estaba cerrado.
Un viaje de 21 horas hacia un destino desconocido
Sánchez fue detenido el 13 de mayo en Florida. Posteriormente, las autoridades lo trasladaron a instalaciones migratorias de Colorado, Arizona, California y Texas.
En el último centro conoció a los otros cinco migrantes. El 30 de julio, todos descubrieron que serían llevados fuera de Estados Unidos. Sin embargo, aseguran que los funcionarios no respondieron sus preguntas sobre el destino.
El hondureño afirmó que dos agentes los amenazaron con usar la fuerza si se negaban a subir al avión. El vuelo duró unas 21 horas e hizo escalas en Senegal y Nigeria antes de llegar a la República Centroafricana.
Sánchez logró conservar un teléfono móvil y documentó el lugar donde permanece el grupo. De acuerdo con su relato, están alojados en un hotel, pero las autoridades locales les pidieron que no salieran.
Los migrantes piden ayuda desde Bangui
El ecuatoriano Mauricio Alvarado y los cubanos Arístides Fernández, Omar Rodríguez y Almario Moreno también participaron en un video difundido para solicitar asistencia. El sexto integrante del grupo no ha revelado públicamente su identidad.
Los migrantes dirigieron su petición a congresistas del sur de Florida y organizaciones de defensa migratoria. Además, denunciaron que la deportación se realizó sin tiempo suficiente para hablar con sus abogados o presentar nuevas objeciones.
Sánchez sostiene que tenía una orden judicial que impedía su expulsión. Sus abogados, según explicó, buscan que un juez revise el caso y determine si el Gobierno violó las garantías del debido proceso.
El hondureño también señaló que no puede regresar a su país. Asegura que abandonó Honduras después de que asesinaran a su padre y a varios tíos, y tras recibir amenazas contra su propia vida.
Crecen las expulsiones hacia terceros países
La Administración de Donald Trump ha ampliado los acuerdos para enviar migrantes a países distintos de sus lugares de origen. Entre las naciones africanas mencionadas en estos convenios figuran Ruanda, Sudán del Sur, Esuatini, Uganda, Ghana y la República Centroafricana.
En junio de 2025, una decisión del Tribunal Supremo permitió que el Gobierno reanudara estas expulsiones mientras continuaba el litigio. El fallo no resolvió definitivamente la legalidad de todas las deportaciones a terceros países.
Organizaciones defensoras de refugiados denuncian que algunos migrantes reciben menos de 24 horas de aviso. También cuestionan si tienen una oportunidad real de expresar su temor a sufrir persecución, violencia o tortura en el país receptor.
Por su parte, el Gobierno de Honduras informó que da seguimiento al caso de Sánchez y que podría ayudar con un retorno voluntario. Sin embargo, el migrante insiste en que volver a Honduras representaría un riesgo para su seguridad.
Hasta la publicación de la entrevista, ICE no había respondido a la solicitud de información enviada por EFE. Tampoco había explicado públicamente por qué seleccionó la República Centroafricana como destino para este grupo.
