Meta deberá aportar 567 millones de dólares a un fondo destinado a atender los efectos de sus plataformas en la salud mental de niños y adolescentes. La orden fue emitida por un tribunal estatal de Santa Fe, en Nuevo México.
El juez Bryan Biedscheid determinó que el funcionamiento de Facebook e Instagram representa un perjuicio público. Según el fallo, el diseño de ambas plataformas busca prolongar la interacción de los usuarios, incluso cuando puede afectar a los menores.
La resolución corresponde a la segunda fase de una demanda presentada en 2023 por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez. El proceso acusa a la compañía de impulsar productos adictivos y no proteger adecuadamente a los jóvenes frente a la explotación sexual.
Meta deberá financiar programas de salud mental
De los 567 millones de dólares ordenados por el tribunal, unos 420 millones financiarán tratamientos para jóvenes de Nuevo México. El resto se destinará a programas de prevención, educación, evaluación y otros servicios durante los próximos cinco años.
Además del pago, la empresa deberá modificar algunas funciones de Facebook e Instagram. Entre las medidas figuran límites de uso para adolescentes y restricciones a las notificaciones durante la noche y el horario escolar.
El fallo también exige mejorar los sistemas para detectar cuentas pertenecientes a menores de 13 años. Asimismo, Meta tendrá que eliminar los datos recopilados de esos usuarios y presentar informes semestrales sobre el cumplimiento de las medidas.
Otro cambio afecta la comunicación entre adultos y menores. La compañía deberá reforzar los controles para reducir los contactos no solicitados y las posibles interacciones inapropiadas mediante herramientas de inteligencia artificial.
Una condena que ya supera los 900 millones
La nueva orden se suma a una sanción anterior de aproximadamente 375 millones de dólares. Un jurado impuso esa cantidad en marzo, durante la primera fase del mismo proceso.
En aquella decisión, el jurado concluyó que la empresa había violado las leyes estatales de protección al consumidor. También consideró que Meta presentó información engañosa sobre la seguridad de Facebook e Instagram para los menores.
Con ambas resoluciones, la responsabilidad económica de la compañía asciende a unos 942 millones de dólares. Sin embargo, el caso todavía no ha terminado porque Meta anunció que apelará.
La empresa rechaza las conclusiones del tribunal y asegura que ha desarrollado diversas herramientas para proteger a los adolescentes. También sostiene que algunas de las exigencias judiciales presentan dificultades técnicas.
Crece la presión sobre las redes sociales
El fiscal general Raúl Torrez calificó la decisión como una victoria para las familias preocupadas por la seguridad digital. A su juicio, la sentencia también puede ofrecer un modelo para otros estados que investigan a las grandes plataformas.
Meta enfrenta demandas similares en distintos puntos de Estados Unidos. Familias, escuelas y autoridades estatales cuestionan las funciones utilizadas por las redes sociales para mantener conectados a los jóvenes.
Estos litigios examinan los algoritmos de recomendación, las notificaciones constantes y otras herramientas diseñadas para aumentar el tiempo de uso. También analizan si las compañías conocían los posibles riesgos y ocultaron información relevante.
Por ahora, la orden de Nuevo México establece una de las reparaciones económicas más elevadas impuestas a una empresa tecnológica por la seguridad de los menores. La apelación determinará si el fondo y los nuevos controles permanecen vigentes.
