stado, Tommy Pigott, confirmó que la agencia trabaja junto con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar los casos.
“Nos estamos coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes temporales, pero que luego han solicitado asilo para quedarse aquí permanentemente”, señaló Pigott.
El plan se concentraría en las visas B1 y B2, utilizadas principalmente para viajes de negocios y turismo. También pueden cubrir visitas familiares y determinados tratamientos médicos.
De acuerdo con AP, la revisión abarcaría visas emitidas entre 2016 y 2026 a personas que posteriormente solicitaron asilo o se encuentran actualmente en ese proceso. Sin embargo, el Departamento de Estado no ha confirmado que las 200.000 visas sean finalmente revocadas.
Pigott explicó que la cifra será variable debido a que las evaluaciones se realizarán de manera gradual.
El Gobierno sostiene que las visas temporales se conceden bajo el entendimiento de que el visitante tiene intención de abandonar Estados Unidos una vez concluida su estancia autorizada.
La Administración Trump argumenta que utilizar una visa temporal con la intención previa de permanecer en el país mediante una solicitud de asilo puede constituir fraude migratorio y ser motivo para retirar el visado.
La revocación, sin embargo, no significaría automáticamente la deportación inmediata de las personas afectadas. Según funcionarios citados por AP, muchos solicitantes con casos de asilo pendientes perderían su condición como viajeros de negocios o turistas, mientras su situación migratoria tendría que ser evaluada bajo otras categorías.
La iniciativa forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
Durante su segundo mandato, la Administración ha aumentado las revisiones para solicitantes de visas, incluido un mayor escrutinio de redes sociales y nuevas restricciones para ciudadanos de determinados países.
La nueva política todavía podría enfrentar impugnaciones judiciales antes o después de su implementación.
