En México, 169 periodistas fueron asesinados durante los últimos 20 años y el 99 % de estos crímenes continúa sin esclarecerse por completo. Así lo reveló este martes Reporteros Sin Fronteras (RSF), que advirtió sobre la impunidad y la falta de protección a los profesionales de la información.
Según el informe, presentado el 20 de octubre, el país registra un promedio de ocho periodistas asesinados cada año. Además, la organización considera que la violencia contra la prensa se desarrolla en un contexto de graves deficiencias del sistema judicial.
Ante esta situación, RSF hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum “para que adopte, con carácter de urgencia, todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los periodistas”.
La organización señaló al crimen organizado y la corrupción como factores principales de estos asesinatos. Asimismo, calificó la situación como la serie más prolongada de crímenes contra periodistas registrada en un país en paz durante el siglo XXI.
El 99 % de los asesinatos permanece sin esclarecerse
El informe señala que, en 168 de los 169 asesinatos documentados desde 2006, las investigaciones no han permitido identificar al autor intelectual ni esclarecer el motivo del crimen.
Aunque en algunos casos se han identificado responsables materiales, las autoridades siguen sin determinar quién ordenó los asesinatos. Por eso, RSF considera que los avances judiciales todavía son insuficientes.
“Desde hace 20 años, en México, los periodistas son vistos como una amenaza por un entramado de gobernanza criminal (…) Hablar de los periodistas asesinados en México es hablar de casos de tortura, decapitaciones y cuerpos abandonados en plena calle junto a mensajes de advertencia”, expresó Artur Romeu, director de RSF para América Latina.
El representante también cuestionó el funcionamiento de las instituciones encargadas de investigar los ataques contra periodistas.
Según Romeu, hablar del periodismo en México “es hablar también de un sistema judicial que, en el mejor de los casos, es ineficaz y, en el peor, corrupto, y que llega incluso a dirigir acusaciones contra los propios periodistas”.
Por su parte, la organización mexicana Propuesta Cívica ha documentado irregularidades en las investigaciones. Entre ellas figuran la pérdida de pruebas, la falta de análisis del contexto y las deficiencias en la coordinación entre autoridades.
Estas fallas pueden afectar las primeras etapas de una investigación, cuando resulta fundamental reunir pruebas para identificar a los responsables.
México cuenta con mecanismos de protección, pero persisten las fallas
Desde 2006, México dispone de una unidad especializada en investigar delitos contra periodistas. Su mandato fue ampliado en 2010 para dar origen a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).
Además, el país cuenta desde 2012 con un mecanismo federal destinado a proteger a periodistas y defensores de derechos humanos amenazados.
De acuerdo con cifras del Gobierno mexicano, 701 periodistas estaban incorporados a este programa hasta el 31 de agosto de 2026.
Sin embargo, RSF sostiene que estas medidas no han logrado frenar los asesinatos ni garantizar investigaciones completas.
El informe reconoce algunos avances judiciales durante las últimas dos décadas. Entre 2006 y 2016 se dictaron cinco sentencias por asesinatos de periodistas, mientras que en la década siguiente se registraron al menos 33.
En total, 21 casos han sido esclarecidos parcialmente. No obstante, la organización advierte que la mayoría de las investigaciones sigue concentrándose en los autores materiales, sin alcanzar a quienes ordenaron los crímenes.
Ante este panorama, RSF pidió al Gobierno mexicano fortalecer las investigaciones y combatir las redes de complicidad que permiten que los responsables continúen sin enfrentar a la justicia.
