Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, fue declarado este jueves en desacato al Congreso de Estados Unidos.
La medida responde a su negativa a declarar durante una audiencia celebrada la semana pasada en el Senado. Los legisladores buscaban interrogarlo sobre su gestión de la pandemia de covid.
Fauci dirigió el instituto, conocido como NIAID, durante la emergencia sanitaria. Además, se convirtió en una de las principales figuras públicas de la respuesta del Gobierno estadounidense a la pandemia.
Fauci invocó la Quinta Enmienda
Durante la audiencia, el exfuncionario se acogió más de cien veces a la Quinta Enmienda para evitar responder a las preguntas de los senadores.
Esta protección constitucional permite que una persona rechace contestar preguntas cuando considera que sus respuestas podrían utilizarse en su contra dentro de un proceso penal.
Invocar la Quinta Enmienda no representa por sí solo una admisión de culpabilidad. Sin embargo, la reiterada negativa de Fauci a contestar provocó una nueva confrontación con legisladores republicanos.
La audiencia estaba centrada en las decisiones tomadas durante la pandemia y en la responsabilidad de las autoridades sanitarias que participaron en la respuesta federal.
Rand Paul promovió la declaración
El senador republicano Rand Paul impulsó la votación para declarar al exdirector del NIAID en desacato.
Paul y Fauci mantienen una relación conflictiva desde hace varios años. Ambos protagonizaron numerosos enfrentamientos durante audiencias celebradas mientras la pandemia todavía dominaba la agenda nacional.
El legislador ha cuestionado repetidamente la actuación de Fauci y las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias. Por su parte, el exfuncionario ha defendido públicamente su gestión.
La nueva declaración lleva esa disputa a un terreno legal más serio. No obstante, la votación del Congreso no significa automáticamente que Fauci enfrentará un proceso penal.
El Departamento de Justicia evaluará el caso
La declaración de desacato abre la puerta para que el Departamento de Justicia examine lo ocurrido. La agencia deberá determinar si existe base suficiente para presentar cargos.
Ese proceso puede incluir una revisión de la audiencia, las preguntas formuladas y las razones legales utilizadas por Fauci para negarse a responder.
La decisión final sobre una posible acusación corresponderá al Departamento de Justicia. Por tanto, el voto aprobado este jueves representa el inicio de una nueva etapa, no una condena penal.
El caso vuelve a colocar la gestión de la pandemia en el centro del debate político estadounidense. También reabre la confrontación entre Fauci y los legisladores que cuestionan las decisiones sanitarias adoptadas durante la emergencia.
