Una coalición de organizaciones ambientales presentó una demanda judicial para detener una explosión programada para el viernes 20 de noviembre en un almacén de municiones del Ejército de Estados Unidos, ubicado en Iowa. Los grupos advierten que la detonación de miles de libras de azida de plomo podría liberar una nube de partículas tóxicas y afectar a comunidades cercanas.
La organización Earthjustice, en representación de Iowa Environmental Council (IEC) y Sierra Club, cuestiona la autorización otorgada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y solicita que se consideren otras alternativas antes de llevar a cabo la operación.
Demandan al Ejército por explosión de material tóxico en Iowa
La demanda busca impedir la detonación de un cargamento de azida de plomo, una sustancia explosiva que contiene plomo y que representa riesgos para la salud y el medioambiente.
Según las organizaciones demandantes, la operación podría liberar una nube de polvo contaminado capaz de desplazarse hasta 100 millas, aproximadamente 160 kilómetros, al norte de la instalación, dependiendo de las condiciones meteorológicas.
El grupo ambiental advierte que las partículas podrían dispersarse por comunidades del sureste de Iowa y depositarse sobre terrenos residenciales y espacios al aire libre.
Sin embargo, el alcance de la posible contaminación corresponde a las estimaciones presentadas por los demandantes y no a mediciones realizadas después de una detonación.
Ejército planea destruir 68 barriles de azida de plomo
De acuerdo con el comunicado de Earthjustice, el Ejército estadounidense mantiene almacenados 68 barriles que contienen aproximadamente 9.500 libras de azida de plomo.
Las organizaciones señalan que el material lleva cerca de dos décadas deteriorándose dentro de las instalaciones militares.
Según la información atribuida al Ejército, la sustancia se ha vuelto suficientemente inestable como para que su transporte o almacenamiento prolongado pueda representar riesgos.
Esta situación habría llevado a las autoridades militares a considerar una detonación como método de eliminación.
No obstante, los grupos ambientalistas cuestionan que se haya seleccionado esta alternativa sin demostrar suficientemente que otras opciones resultan inviables.
Ambientalistas advierten sobre contaminación del aire y suelo
Una de las principales preocupaciones de las organizaciones es la posibilidad de que la explosión libere partículas de plomo que posteriormente se depositen sobre el suelo.
El plomo es un metal tóxico que puede persistir durante largos períodos en el medioambiente.
Los demandantes sostienen que la propia evaluación del Ejército contempla la posibilidad de que se registren niveles elevados de plomo en el aire.
“El propio Ejército reconoce que se prevén niveles elevados de plomo en el aire y que el polvo de plomo terminará depositándose en el suelo. Dado que el plomo no se descompone, puede permanecer durante años en patios, jardines y zonas de juego”, advierten los grupos ambientales.
Las organizaciones consideran que estas circunstancias justifican una revisión más exhaustiva del permiso ambiental otorgado para realizar la detonación.
Cuestionan el permiso concedido por la EPA
La demanda también pone en duda la autorización de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
Earthjustice y las organizaciones representadas recuerdan que la EPA reconoce que no existe un nivel de exposición al plomo considerado seguro para los seres humanos.
Michael Schmidt, asesor jurídico general de Iowa Environmental Council, cuestionó el proceso mediante el cual las autoridades seleccionaron el método de eliminación.
“Cuando nuestro gobierno federal toma decisiones que derivan en la creación de una nube potencialmente tóxica de polvo de plomo -capaz de cubrir gran parte del sureste de Iowa-, sus habitantes merecen saber que se consideraron todas las alternativas disponibles antes de optar por este método de eliminación”, indicó Michael Schmidt, asesor jurídico general de IEC.
Los demandantes buscan que las autoridades justifiquen la decisión y evalúen sus posibles consecuencias para las comunidades afectadas.
Residentes recibieron avisos pocos días antes
Thien Chau, abogado de Earthjustice, criticó que los materiales explosivos permanecieran almacenados durante aproximadamente 20 años antes de que se decidiera su destrucción.
El abogado cuestionó que las autoridades permitieran el deterioro de los 68 barriles y posteriormente consideraran la detonación cerca de zonas pobladas como la única alternativa segura.
También aseguró que numerosos residentes, incluidos algunos ubicados en la posible trayectoria de la nube, recibieron información sobre la operación apenas unos días antes de la fecha programada.
Según las organizaciones, esta situación dejó poco tiempo para que las familias conocieran los riesgos y las medidas preventivas recomendadas.
El comunicado no precisa cuántas personas podrían encontrarse dentro del área potencialmente afectada.
Exposición al plomo representa riesgos para niños y embarazadas
La preocupación ambiental está relacionada con los efectos que puede provocar la exposición al plomo.
Este metal puede afectar diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano, especialmente cuando la exposición ocurre durante períodos prolongados.
Los niños pequeños son particularmente vulnerables porque el plomo puede afectar el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso.
Entre las posibles consecuencias se encuentran dificultades de aprendizaje, problemas de comportamiento y disminución de las capacidades cognitivas.
Durante el embarazo, la exposición también puede representar riesgos para la salud materna y el desarrollo del bebé, incluido un mayor riesgo de parto prematuro.
Los especialistas en salud pública consideran fundamental prevenir la exposición, especialmente entre las poblaciones más vulnerables.
Estos riesgos generales no significan que los habitantes de Iowa hayan sufrido necesariamente una exposición por el incidente previsto.
Organizaciones esperan una decisión judicial
Earthjustice, Iowa Environmental Council y Sierra Club solicitan la intervención de un tribunal antes de la detonación programada para el 20 de noviembre.
Su objetivo es detener temporalmente la operación y garantizar que se examinen las alternativas disponibles para eliminar el material explosivo.
Las organizaciones argumentan que la seguridad de los trabajadores y de las comunidades cercanas debe formar parte de cualquier decisión sobre el tratamiento de sustancias peligrosas.
Por ahora, el despacho no informa que un juez haya emitido una resolución sobre la demanda ni que el Ejército haya cancelado la detonación.
El caso plantea un conflicto entre la necesidad de eliminar materiales explosivos deteriorados y la obligación de reducir los posibles riesgos ambientales y sanitarios asociados con su destrucción.