Un juez federal ordenó este lunes al Gobierno del presidente Donald Trump detener una nueva norma sobre visados. La medida endurecía las condiciones para estudiantes extranjeros, participantes de intercambios culturales y periodistas.
El juez F. Dennis Saylor IV, del Tribunal Federal del Distrito de Massachusetts, emitió una orden preliminar de alcance nacional. Su decisión mantiene vigente, por ahora, el sistema migratorio utilizado durante casi cinco décadas.
En su fallo, Saylor calificó de “excepcionalmente débil” la justificación presentada por el Ejecutivo. La Administración había defendido la política como una herramienta necesaria para proteger la seguridad nacional.
El juez cuestiona el propósito de la norma
“La norma plantea interrogantes legítimos sobre si su verdadero propósito no es salvaguardar la seguridad nacional y proteger nuestras fronteras, sino alcanzar otros objetivos no declarados, como, por ejemplo, ejercer un mayor control gubernamental sobre las instituciones académicas”, escribió Saylor.
La política debía entrar en vigor este mes y sustituiría el sistema conocido como “duración del estatus”. Actualmente, los extranjeros pueden permanecer legalmente mientras cumplan las condiciones de sus respectivos programas o actividades profesionales.
La nueva regulación fijaba un límite máximo de cuatro años por cada periodo de admisión para los titulares de visados F y J. Estas categorías corresponden a estudiantes universitarios y participantes de programas de intercambio.
Restricciones para periodistas extranjeros
Los representantes de medios extranjeros con visado I quedarían limitados a un máximo de 240 días. Podrían solicitar una extensión antes de que terminara ese periodo.
En cambio, los periodistas con pasaporte chino enfrentarían un límite de 90 días. La medida no incluía a quienes poseen pasaportes de Hong Kong o Macao.
El juez determinó que el proceso utilizado para promulgar la norma no cumplió claramente con la Ley de Procedimiento Administrativo.
Por lo tanto, el Gobierno no podrá aplicarla mientras continúa la demanda presentada por organizaciones educativas y sindicatos.
Organizaciones cuestionan la evaluación del DHS
Los demandantes sostienen que el Departamento de Seguridad Nacional no evaluó adecuadamente los costos y beneficios de la política.
También alegan que la agencia no respondió de forma significativa a los comentarios del público. Según la coalición, el DHS tampoco consideró alternativas menos costosas o restrictivas.
Asimismo, las organizaciones argumentan que el departamento excedió su autoridad legal y no concedió un periodo adecuado para la consulta pública.
Fanta Aw, directora ejecutiva de la Asociación de Educadores Internacionales, afirmó que la norma “menoscabará gravemente” las contribuciones de los estudiantes internacionales.
Según Aw, esos estudiantes benefician a los campus universitarios, la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos.
Sindicato denuncia un ataque a la prensa
Jon Schleuss, presidente de The NewsGuild-CWA, cuestionó especialmente los cambios dirigidos a periodistas extranjeros.
El dirigente del mayor sindicato de trabajadores de medios del país consideró que las restricciones representan otro intento de la Administración Trump por limitar la labor periodística.
Además, vinculó la medida con otras decisiones del Gobierno, incluido el desmantelamiento de Voice of America y Radio Free Asia.
La orden judicial es temporal y no resuelve definitivamente la demanda. Sin embargo, impide que el DHS implemente las nuevas restricciones mientras el tribunal examina el caso.
EFE
