La Fiscalía General de la República (FGR) de México intensificó las gestiones para conseguir el regreso de Inés Gómez Mont al país, luego de que la exconductora de televisión fuera detenida el 30 de octubre en Florida, Estados Unidos. Las autoridades mexicanas buscan ejecutar tres órdenes de aprehensión relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
La fiscal general, Ernestina Godoy, informó este lunes 2 de noviembre que su institución ha mantenido comunicación con las autoridades estadounidenses y entregó documentación judicial vinculada con los procesos abiertos contra Gómez Mont.
Sin embargo, aclaró que su detención actual responde a cuestiones migratorias y que corresponde exclusivamente al Gobierno estadounidense decidir si procede su deportación.
México entrega tres órdenes de aprehensión
Godoy explicó que, desde septiembre de 2025, la FGR había solicitado a Estados Unidos la detención provisional de Gómez Mont con fines de extradición, después de que la exconductora abandonara México.
Durante las últimas semanas, ambas autoridades intercambiaron información relacionada con el caso, mientras la fiscalía mexicana proporcionó las tres órdenes de captura vigentes.
“Su detención obedece en este momento a su situación migratoria”, indicó la FGR.
La institución también precisó que, si Estados Unidos determina deportarla, las autoridades mexicanas procederán a ejecutar las órdenes judiciales cuando llegue al país.
“De determinarse su deportación, la fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México”, sostuvo.
Investigan presunto desvío de 2.450 millones de pesos
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Inés Gómez Mont habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos presuntamente vinculados con un esquema de desvío de fondos públicos mediante empresas fantasma.
El dinero estaría relacionado con contratos por aproximadamente 2.450 millones de pesos, equivalentes a unos 130,3 millones de dólares, procedentes del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, responsable de la administración de los centros penitenciarios federales.
Según la acusación, el mecanismo habría incluido operaciones entre empresas utilizadas para transferir recursos y ocultar su destino.
Las autoridades investigan la posible participación de Gómez Mont en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estas acusaciones todavía deben ser evaluadas por los tribunales correspondientes.
También enfrenta acusaciones por defraudación fiscal
Además de la investigación sobre los fondos públicos, la exconductora enfrenta dos órdenes de aprehensión por presunta defraudación fiscal.
La FGR sostiene que habría declarado ingresos inferiores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.
Estas presuntas irregularidades habrían ocasionado la omisión de más de 13 millones de pesos en impuestos, equivalentes aproximadamente a 691.489 dólares.
“Estas conductas son graves”, afirmó Godoy, quien destacó que los recursos investigados estaban destinados a financiar actividades relacionadas con la seguridad del sistema penitenciario mexicano.
“Cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de mexicanos”, expresó la fiscal.
Defensa solicita su liberación en Estados Unidos
Mientras México mantiene sus gestiones, la defensa legal de Gómez Mont busca conseguir su liberación en territorio estadounidense.
El sábado 31 de octubre, sus abogados presentaron un recurso de habeas corpus para cuestionar su detención en el Broward Transitional Center, un centro de detención migratoria ubicado en Florida.
El expediente permanece sellado, por lo que no se conocen públicamente los argumentos presentados por su abogado, John Patrick Pratt.
La resolución de este recurso y las decisiones migratorias de Estados Unidos serán determinantes para conocer los próximos pasos del procedimiento.
La FGR reconoce su presunción de inocencia
Aunque las autoridades mexicanas buscan ejecutar las órdenes de aprehensión, la Fiscalía General de la República reiteró que Gómez Mont conserva su derecho a la presunción de inocencia.
La existencia de investigaciones y órdenes judiciales no constituye una declaración de culpabilidad. Corresponderá a los tribunales mexicanos determinar si existe responsabilidad penal, respetando las garantías del debido proceso.
Por ahora, el caso continúa sujeto a las decisiones de las autoridades estadounidenses sobre la situación migratoria de la exconductora y a las acciones judiciales que puedan desarrollarse en México.
