El primer ministro de Canadá, Mark Carney, criticó la venta de una planta de Stellantis en Brampton, Ontario, a la fabricante de vehículos blindados Roshel. El mandatario calificó la operación de “completamente escandalosa” y aseguró que su Gobierno exigirá responsabilidades a la compañía por presuntos incumplimientos de sus compromisos laborales y financieros.
La controversia afecta a unos 2.200 trabajadores de una fábrica que permanece inactiva desde 2023. Además, plantea interrogantes sobre el destino de las ayudas públicas destinadas a modernizar las instalaciones.
Canadá rechaza la venta de la planta de Stellantis
Durante una rueda de prensa celebrada en Montreal, Carney expresó su rechazo a la operación anunciada por Stellantis.
“Stellantis no está respetando sus compromisos con los trabajadores de esta planta y también con el Gobierno canadiense y los canadienses”, declaró Carney durante una rueda de prensa en Montreal.
El primer ministro también cuestionó las obligaciones que la multinacional había asumido con las autoridades canadienses.
Según Carney, la venta constituye “una traición a los trabajadores, así como a las obligaciones con Canadá y, por extensión, con todos los canadienses”.
Además, advirtió que el Gobierno utilizará los mecanismos disponibles para defender sus intereses.
“Haremos valer plenamente nuestros derechos para proteger a esos trabajadores y los fondos públicos canadienses”, advirtió.
Roshel comprará la fábrica de Brampton
Stellantis anunció un acuerdo para vender su planta de montaje ubicada en Brampton, cerca de Toronto.
La compradora es Roshel, una empresa canadiense especializada en la fabricación de vehículos blindados para usos militares y de seguridad.
La instalación permanece sin actividad productiva desde 2023.
Como consecuencia, aproximadamente 2.200 trabajadores se han visto afectados por la paralización.
Sin embargo, el anuncio de la venta no garantiza que todos esos empleados recuperen sus puestos de trabajo.
El acuerdo también genera dudas sobre las obligaciones laborales vinculadas a las operaciones anteriores de Stellantis.
El Gobierno reclama compromisos sobre fondos públicos
En 2022, el Gobierno canadiense comprometió hasta 529 millones de dólares canadienses para modernizar instalaciones de Stellantis.
La inversión, equivalente entonces a unos 375 millones de dólares estadounidenses según el reporte, estaba destinada a las plantas de Brampton y Windsor.
Sin embargo, Carney sostiene que la compañía incumplió varios acuerdos relacionados con esos compromisos.
Entre ellos mencionó las condiciones asociadas al apoyo financiero del Gobierno.
Por su parte, Stellantis anunció que ofreció devolver voluntariamente los fondos recibidos para modernizar Brampton.
No obstante, la empresa no precisó cuánto dinero recibió ni qué cantidad devolvería.
Tampoco se confirmó si esa propuesta resolvería las diferencias con las autoridades canadienses.
Roshel no asumirá las obligaciones laborales
Otro punto de conflicto está relacionado con los empleados de la fábrica.
Según el reporte de EFE, Roshel rechazó asumir las obligaciones laborales de Stellantis con los trabajadores de Brampton.
Sin embargo, la empresa aseguró que dará prioridad a los residentes de la localidad durante futuros procesos de contratación.
Esta medida no equivale a garantizar puestos a los empleados afectados.
Además, todavía no se han detallado los planes de contratación ni el número de empleos que podría generar la nueva operación.
Por eso, el futuro laboral de los trabajadores continúa siendo una de las principales preocupaciones.
Autoridades se reunirán con Stellantis y Unifor
La ministra canadiense de Industria, Mélanie Joly, anunció una reunión para el jueves 12 de noviembre.
El encuentro se celebrará en Toronto y contará con representantes de Stellantis, el sindicato Unifor y el Gobierno de Ontario.
La convocatoria llega después de las críticas expresadas por Carney.
Además, permitirá abordar las preocupaciones relacionadas con los trabajadores y los compromisos financieros de la compañía.
Sin embargo, el reporte no especifica qué medidas concretas propondrá cada participante.
Tampoco indica si existe una negociación para modificar las condiciones de la venta.
Continúa la controversia por el futuro de Brampton
La venta de la planta de Stellantis ha abierto un conflicto entre la multinacional, las autoridades canadienses y los representantes laborales.
Mientras el Gobierno cuestiona el cumplimiento de los acuerdos anteriores, la compañía propone devolver los fondos públicos recibidos para Brampton.
Por otra parte, Roshel mantiene su intención de adquirir las instalaciones sin asumir las obligaciones laborales existentes.
La reunión anunciada por Mélanie Joly será el próximo paso para abordar las diferencias.
Por ahora, los aproximadamente 2.200 trabajadores afectados siguen pendientes del futuro de la planta y de las medidas que puedan adoptar las autoridades.
