El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, figura en la lista de posibles testigos del juicio contra David Rivera, excongresista republicano acusado de intentar influir en Washington para suavizar las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El proceso se celebrará en una corte federal de Miami y comenzará el 16 de marzo con la selección del jurado, según documentos judiciales presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.
Acusaciones contra Rivera
Rivera enfrenta cargos por actuar como agente extranjero no registrado, conspiración para cometer delitos contra Estados Unidos y lavado de dinero.
De acuerdo con los fiscales, el excongresista habría recibido más de cinco millones de dólares por realizar gestiones destinadas a presionar a funcionarios estadounidenses y mejorar las relaciones con el gobierno venezolano.
El caso también involucra a Esther Nuhfer, consultora política que habría colaborado con Rivera en estas actividades.
La acusación sostiene que ambos formaron parte de un esquema para influir en la política exterior de Estados Unidos respecto a Venezuela sin registrarse como agentes extranjeros, lo que viola la legislación federal conocida como FARA.
Marco Rubio en la lista de testigos
La lista presentada por la fiscalía incluye a Rubio y otras 29 personas que podrían ser llamadas a declarar durante el juicio.
También aparecen tres funcionarios del Departamento de Estado, dos de ellos ya retirados.
Rubio y Rivera tienen una relación que se remonta a los años noventa, cuando ambos eran jóvenes políticos republicanos en Florida y compartieron un apartamento en Tallahassee, sede del legislativo estatal.
El actual secretario de Estado fue miembro de la Cámara de Representantes de Florida entre 2000 y 2008, antes de llegar al Senado de Estados Unidos y posteriormente al Departamento de Estado.
La versión de la defensa
Rivera se ha declarado inocente y sostiene que sus acciones no buscaban favorecer al gobierno venezolano.
Según su defensa, las gestiones realizadas durante el primer mandato de Donald Trump tenían en realidad el objetivo de presionar al régimen de Maduro y apoyar esfuerzos para sacarlo del poder.
El juicio podría revelar detalles sobre las relaciones entre políticos estadounidenses, empresarios y el gobierno venezolano, en un caso que mezcla política exterior, lobby y presuntas operaciones de influencia extranjera en Washington.
Un caso con implicaciones políticas
La investigación se centra en actividades ocurridas durante la primera administración de Trump (2017-2021), un periodo marcado por fuertes sanciones económicas contra el gobierno de Maduro.
El proceso judicial promete arrojar luz sobre cómo operan las redes de lobby relacionadas con Venezuela en Estados Unidos y sobre el papel de figuras políticas que podrían ser llamadas a testificar en el tribunal federal de Miami.
