Una nueva sacudida aumenta el temor
Los venezolanos despertaron este lunes con una nueva réplica en el norte del país, cuando todavía continúan las labores de rescate tras el doble terremoto que dejó al menos 1.450 fallecidos y miles de heridos.
El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo tuvo magnitud 4,6, una profundidad de 10 kilómetros y epicentro a 27 kilómetros al norte de Caraballeda, en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos del miércoles. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis, situó la magnitud en 4,2.
El movimiento obligó a numerosas personas a salir nuevamente de sus viviendas por miedo a nuevos derrumbes. Sin embargo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó en Telegram que no había reportes de daños adicionales en el territorio nacional.
La Guaira sigue entre escombros
En La Guaira, el miedo convive con la desesperación. Habitantes de la región costera continúan buscando familiares atrapados en edificios colapsados, mientras denuncian falta de maquinaria y poca presencia de funcionarios en algunas zonas.
Anabel Sánchez, residente de Tanaguarena, dijo a EFE que vecinos han seguido removiendo escombros durante la noche porque aseguran escuchar gritos de auxilio. También denunció que recibieron una planta eléctrica con instrucciones en chino, por lo que no han podido activarla.
“Los franceses fueron los únicos que nos ayudaron”, afirmó Sánchez a EFE, al describir la situación en su comunidad.
La vecina también criticó que las autoridades hayan anunciado la demolición total de edificaciones donde, según los residentes, aún podría haber personas con vida. “De aquí no nos vamos a mover”, subrayó.
Rescates bajo presión
El domingo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que las labores de rescate continuarían porque todavía se estaban encontrando personas vivas. También anunció la creación inmediata de una comisión para inspeccionar viviendas afectadas por el doble terremoto y extendió por una semana la suspensión de clases.
La comisión presidencial deberá evaluar daños en viviendas, carreteras y otras infraestructuras. Estará integrada por instituciones públicas, organizaciones de ingenieros y universidades, según explicó Rodríguez en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.
Las operaciones se desarrollan en una carrera contra el tiempo. Reportes internacionales señalan que rescatistas locales y extranjeros siguen buscando sobrevivientes entre edificios colapsados, incluso cuando disminuyen las probabilidades de hallar personas con vida.
Cifras que siguen cambiando
De acuerdo con el balance oficial más reciente, los terremotos han dejado 1.450 muertos y 3.150 heridos. El sábado se habían reportado 3.238 heridos, sin que las autoridades explicaran la reducción posterior.
Gobiernos de otros países también han actualizado las cifras de connacionales fallecidos. Entre ellos figuran 17 españoles, 7 portugueses y 46 lusodescendientes, ocho de ellos menores. Chile reportó tres víctimas mortales, mientras La Habana informó este lunes de un ciudadano cubano fallecido.
La tragedia también ha dejado miles de personas desplazadas y comunidades enteras viviendo entre daños estructurales, temor a nuevas réplicas y falta de servicios básicos. La Guaira concentra buena parte de la devastación, aunque los efectos del doble terremoto se han sentido en varias zonas del país.
Una emergencia todavía abierta
La nueva réplica no dejó daños adicionales confirmados, pero sí reactivó el miedo en una población que lleva cinco días bajo tensión extrema. Muchas familias duermen fuera de sus casas o evitan ingresar a edificios agrietados por temor a nuevos colapsos.
Para Venezuela, la emergencia está lejos de cerrarse. Las prioridades siguen siendo localizar sobrevivientes, atender heridos, evaluar estructuras, ofrecer refugio seguro y coordinar la ayuda internacional.
Cada nueva sacudida recuerda que la crisis no terminó con los terremotos iniciales. En La Guaira y otras zonas afectadas, la búsqueda continúa entre escombros, reclamos ciudadanos y una presión creciente para que la respuesta oficial llegue con más rapidez.
