La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico denunció este domingo 25 de octubre el despliegue masivo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en comunidades de la isla donde reside una importante población inmigrante.
La organización expresó preocupación por la presencia de agentes federales armados en las calles y advirtió sobre un posible aumento de las intervenciones migratorias.
Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, sostuvo que los operativos observados desde el jueves forman parte de un patrón de actuaciones que, según la organización, vulneran los derechos de las comunidades inmigrantes.
“Las acciones observadas desde el jueves y durante el fin de semana se suman al patrón de violencia sistemática y acecho contra nuestras comunidades inmigrantes y apunta a un aumento en estas intervenciones”, afirmó Martínez Orabona.
ACLU cuestiona los operativos de ICE en Puerto Rico
La organización denunció que agentes federales han recorrido comunidades inmigrantes de distintos municipios, en algunos casos portando armas largas.
Entre las zonas donde se reportaron intervenciones se encuentra Barrio Obrero, en Santurce, una comunidad de San Juan con una importante presencia de residentes de origen dominicano.
La ACLU considera que estos operativos generan preocupación entre los residentes, especialmente entre quienes enfrentan procesos migratorios pendientes.
“Como hemos denunciado antes, el ICE implementa una política claramente discriminatoria contra estas comunidades, realizando arrestos sin orden judicial, separando familias y entorpeciendo procesos migratorios en curso”, denunció Martínez Orabona.
Las afirmaciones forman parte de los señalamientos de la organización de derechos civiles contra las prácticas de las autoridades federales.
¿Se pueden grabar los operativos de ICE?
La ACLU recordó que las personas tienen derecho a grabar y documentar las actuaciones de los agentes migratorios cuando se encuentran en espacios públicos.
Martínez Orabona explicó que esta actividad está protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que ampara la libertad de expresión.
La organización también señaló que los ciudadanos pueden protestar pacíficamente contra las intervenciones migratorias y ejercer labores de observación sin ser intimidados por las autoridades.
Según la directora ejecutiva, las grabaciones permiten documentar posibles irregularidades y fiscalizar la actuación de las agencias gubernamentales.
Este derecho no impide que los agentes establezcan restricciones legales de seguridad durante una intervención. Sin embargo, documentar una actuación policial desde un lugar donde se permite estar no constituye, por sí mismo, una infracción.
La ACLU ha denunciado anteriormente situaciones en Estados Unidos en las que personas que observaban operativos migratorios enfrentaron intimidaciones o represalias.
Denuncian entrega de datos de más de 6.000 inmigrantes
La controversia también involucra al Gobierno de Puerto Rico y la entrega de información personal de residentes inmigrantes a las autoridades federales.
Martínez Orabona responsabilizó a la gobernadora Jenniffer González Colón y al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, por facilitar datos confidenciales a ICE.
Según la ACLU, el DTOP entregó información correspondiente a 6.321 personas inmigrantes que habían obtenido licencias de conducir bajo una disposición estatal.
La organización cuestionó que los datos fueran proporcionados mediante un requerimiento administrativo federal y sin una orden judicial.
La controversia dio lugar a un proceso judicial promovido por la ACLU para obtener documentos relacionados con la transferencia de información.
En octubre, después de una prolongada disputa legal, la organización consiguió acceso a documentos que permitieron conocer detalles del requerimiento utilizado por las autoridades federales.
La ACLU sostiene que la entrega de direcciones residenciales y otros datos personales facilitó la identificación y localización de personas inmigrantes.
Crece la preocupación por los derechos de los inmigrantes
Las denuncias se producen en medio de las operaciones migratorias que las autoridades federales mantienen en Puerto Rico y otras jurisdicciones estadounidenses.
La ACLU ha cuestionado en distintas ocasiones los métodos empleados durante estas intervenciones, particularmente cuando afectan a comunidades con una elevada población inmigrante.
La organización pidió detener lo que considera una escalada de acciones intimidatorias y reiteró que los residentes pueden documentar los operativos y denunciar posibles violaciones de derechos.
El pronunciamiento también aumenta la presión sobre el Gobierno de Puerto Rico por su colaboración con las autoridades migratorias federales.
Mientras continúan las intervenciones, la organización insiste en la importancia de que las personas conozcan sus derechos constitucionales y puedan ejercerlos sin temor a represalias.
