Una coalición de 21 fiscales generales y dos gobernadores demandó al Gobierno de Donald Trump por las nuevas condiciones aplicadas a los fondos de Título X.
La demanda fue presentada ante el Tribunal Federal del Distrito de Maryland. Los estados buscan impedir que el Gobierno retire financiamiento a proveedores que no adopten sus prioridades políticas.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos publicó las condiciones en julio. Estas corresponden al próximo ciclo de subvenciones federales, que comenzará durante el año fiscal 2027.
Los fondos de Título X financian servicios preventivos
El Título X es el único programa federal dedicado específicamente a servicios de planificación familiar y atención preventiva relacionada.
Durante más de 50 años, estas subvenciones han permitido ofrecer anticonceptivos, pruebas de embarazo y tratamientos para la infertilidad. También financian exámenes de cáncer y pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual.
Los servicios atienden principalmente a pacientes de bajos ingresos. Por lo tanto, los demandantes advierten que perder el financiamiento perjudicaría a millones de personas.
En Nueva York, los fondos respaldan 165 centros de salud que atienden a más de 250.000 pacientes. Más de dos tercios reciben servicios gratuitos porque sus ingresos están por debajo del nivel federal de pobreza.
California, por su parte, administra el programa de Título X más grande del país. Más de 460.000 residentes dependen de sus servicios médicos.
Los estados cuestionan las condiciones políticas
Las nuevas reglas exigen que los beneficiarios alineen sus programas con varias prioridades del Gobierno Trump.
Entre ellas aparecen la eliminación de iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. Además, las condiciones afectan programas que reconocen a las personas transgénero y sus necesidades médicas.
Las reglas también favorecen la planificación familiar natural sobre otros métodos anticonceptivos. Asimismo, requieren que las clínicas orienten a sus pacientes hacia el matrimonio y la paternidad.
Los proveedores que no demuestren un cumplimiento continuo podrían perder la totalidad de sus subvenciones.
Los demandantes sostienen que estas condiciones contradicen el propósito del Título X. También argumentan que son arbitrarias, imprecisas y discriminatorias.
La coalición denuncia violaciones constitucionales
La demanda afirma que el Departamento de Salud actuó sin completar el proceso público requerido por la Ley de Procedimiento Administrativo.
Además, los estados aseguran que las condiciones violan la Cláusula de Gastos de la Constitución. Según la coalición, las reglas no explican claramente qué deben hacer los proveedores para conservar el financiamiento.
“El Título X busca hacer accesibles la planificación familiar y la atención reproductiva para todos”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta.
Sin embargo, Bonta acusó al presidente de utilizar condiciones ideológicas para convertir el programa en un instrumento político.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabeza la demanda junto con sus homólogos de Maryland y Massachusetts.
También participan California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Michigan, Minnesota y Nevada. La coalición incluye además a Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin.
Los gobernadores de Pensilvania y Kentucky también forman parte de la acción legal.
Finalmente, los demandantes solicitan que el tribunal declare ilegales las nuevas condiciones. También buscan impedir que el Gobierno las utilice para distribuir los fondos de Título X. Fiscalía General de Nueva York
