Una coalición de fiscales generales de varios estados y del Distrito de Columbia presentó una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump por una nueva regla federal de Medicaid que, según los demandantes, podría dejar sin cobertura médica a personas vulnerables.
La demanda pide a un tribunal federal que suspenda la aplicación de la medida mientras se resuelve el caso y que finalmente la anule. El reclamo fue presentado contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, conocidos como CMS.
La regla forma parte de la implementación de los nuevos requisitos laborales aprobados por el Congreso en 2025. Según CMS, ciertos adultos beneficiarios de Medicaid deberán cumplir 80 horas mensuales de trabajo, estudios, programas laborales, servicio comunitario u otras actividades aprobadas para conservar su elegibilidad.
Estados denuncian nuevas barreras
Los demandantes sostienen que la norma va más allá de lo que autorizó la ley y crea obstáculos adicionales para personas con problemas graves de salud, discapacidades, necesidades de salud mental o trastornos por consumo de sustancias.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que el Congreso había protegido a ciertos beneficiarios con condiciones médicas complejas, pero que la Administración Trump impuso una exigencia más estricta al obligarlos a demostrar que su condición les impide trabajar o cumplir con los nuevos requisitos.
Para la coalición, esa interpretación hará más difícil que los estados identifiquen automáticamente a quienes deberían estar protegidos. También podría obligar a personas enfermas a presentar documentación adicional para demostrar que están lo suficientemente afectadas como para conservar su seguro médico.
Acusan una regla “arbitraria y caprichosa”
La demanda argumenta que la medida viola la Ley de Procedimiento Administrativo porque sería contraria a la ley federal, “arbitraria y caprichosa”, y porque fue emitida sin evaluar adecuadamente el daño que podría causar a los estados y a los beneficiarios.
Los estados también señalan que la regla cambia de manera abrupta las directrices federales que habían recibido durante meses. Según Axios, los demandantes afirman que CMS se apartó significativamente de la orientación previa que había dado a los estados sobre cómo implementar los requisitos laborales.
Ese cambio, dicen, llega cuando los estados ya trabajan contra el reloj para adaptar sus sistemas de elegibilidad antes de la fecha límite de implementación, prevista generalmente para el 1 de enero.
Riesgo de pérdida de cobertura
En Nueva York, las autoridades estiman que al menos 475.000 beneficiarios de Medicaid podrían perder su cobertura por el impacto combinado de los requisitos laborales y las verificaciones de elegibilidad más frecuentes.
La preocupación central de los fiscales es que muchas personas no perderían cobertura porque no califican, sino porque no logran completar trámites, presentar documentos médicos o navegar sistemas burocráticos complejos.
Organizaciones de salud y defensores de personas de bajos ingresos han advertido que este tipo de requisitos puede afectar de forma desproporcionada a quienes tienen empleos inestables, enfermedades crónicas, discapacidades o barreras de transporte, idioma y acceso digital.
La Administración defiende la medida
La Administración Trump sostiene que la regla busca garantizar que Medicaid beneficie a quienes realmente lo necesitan y que los adultos en condiciones de hacerlo participen en trabajo, educación o actividades comunitarias.
CMS presentó la norma como un marco nacional para aplicar los nuevos requisitos de participación comunitaria. El Gobierno argumenta que la medida responde a lo aprobado por el Congreso y busca establecer reglas uniformes para los estados.
Los estados demandantes, sin embargo, sostienen que la Administración redujo indebidamente las protecciones para personas médicamente vulnerables y añadió cargas que no estaban previstas en el texto legal.
Una batalla con impacto nacional
El caso abre una nueva disputa legal sobre el futuro de Medicaid, uno de los principales programas de salud pública de Estados Unidos. La decisión del tribunal podría definir cómo se aplican los requisitos laborales y cuántas personas quedan exentas por razones médicas.
Para los estados, el riesgo no es solo sanitario, sino también administrativo. Implementar nuevas verificaciones, revisar exenciones y responder a pérdidas masivas de cobertura podría aumentar costos y presión sobre agencias estatales.
Mientras avanza el litigio, la coalición busca frenar la norma antes de que sus efectos alcancen a millones de beneficiarios. El caso coloca de nuevo a Medicaid en el centro del debate nacional sobre salud, pobreza, trabajo y acceso a servicios médicos para las personas más vulnerables.
