Florida acelera otra ejecución bajo DeSantis
Las autoridades de Florida tienen previsto ejecutar este jueves a Dusty Ray Spencer, un condenado a muerte de 74 años declarado culpable del asesinato de su esposa, Karen Spencer, en el condado de Orange.
La ejecución está programada para las 18:00 hora local en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford, mediante inyección letal. La orden fue firmada en mayo por el gobernador Ron DeSantis, en medio de un fuerte aumento en la aplicación de la pena capital en el estado.
Spencer, veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, fue condenado por el crimen cometido en 1992. Según los fiscales, atacó a su esposa con un ladrillo y un cuchillo después de haber amenazado con matarla. El hijo adolescente de la víctima, entonces de 17 años, presenció el ataque e intentó detenerlo sin éxito.
Sus abogados sostuvieron durante el proceso que se trató de un crimen pasional. La acusación, en cambio, argumentó que el asesinato fue premeditado. El homicidio ocurrió poco después de que Spencer saliera de la cárcel bajo fianza por un incidente previo relacionado con su esposa.
Un caso que puede marcar un precedente
De concretarse la ejecución, Spencer se convertiría en la persona de mayor edad ejecutada en la historia moderna de Florida, según registros estatales citados por AP. El caso también se suma a una etapa de aplicación acelerada de la pena de muerte bajo la administración de DeSantis.
Florida registró 19 ejecuciones en 2025, una cifra histórica para el estado y una parte importante del total nacional de ese año. En 2026, Spencer sería la novena persona ejecutada en Florida, en una secuencia que ha reactivado el debate sobre el uso de la pena capital, los largos años en el corredor de la muerte y la edad de algunos condenados.
El récord anual anterior de Florida, desde el restablecimiento de la pena de muerte en Estados Unidos en 1976, era de ocho ejecuciones, alcanzado en 1984 y 2014.
Obispos piden suspender la ejecución
La Conferencia Católica de Obispos de Florida pidió al gobernador suspender la ejecución de Spencer y conmutar su sentencia por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
En una carta dirigida a DeSantis, los prelados solicitaron una suspensión y reiteraron su oposición a la pena de muerte. Su petición se suma a las críticas de grupos religiosos y defensores de derechos humanos, que argumentan que el Estado puede castigar los delitos graves sin recurrir a ejecuciones.
Los abogados de Spencer también presentaron recursos para frenar la ejecución, alegando problemas de salud y cuestionamientos sobre el procedimiento. La Corte Suprema de Florida rechazó una de sus apelaciones recientes, mientras su defensa buscaba una última revisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Florida, epicentro del debate
El caso llega en un momento en que Florida se ha convertido en uno de los estados más activos del país en la aplicación de la pena capital. Según el Death Penalty Information Center, el estado mantenía una de las mayores poblaciones en el corredor de la muerte, solo por detrás de California, aunque este último mantiene una moratoria sobre las ejecuciones.
La administración DeSantis ha defendido el cumplimiento de las sentencias como una forma de justicia para las víctimas y sus familias. Sus críticos, sin embargo, sostienen que el ritmo acelerado de ejecuciones aumenta el riesgo de errores, reduce el margen para revisar casos antiguos y convierte la pena de muerte en una herramienta política.
Spencer lleva más de tres décadas condenado por el asesinato de Karen Spencer. Para los familiares de la víctima, el caso representa una larga espera por el cierre judicial. Para los opositores a la pena capital, la ejecución de un hombre de 74 años reabre preguntas sobre castigo, vejez, salud y el papel del Estado al quitar una vida.
Florida volverá a quedar este jueves en el centro del debate nacional sobre la pena de muerte. La ejecución prevista no solo cerraría un caso de más de treinta años, sino que también reforzaría el giro del estado hacia una aplicación cada vez más frecuente de la pena capital.
