Una jueza federal de California ordenó suspender determinadas investigaciones de campo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) relacionadas con presuntos casos de fraude electoral. La medida afecta a nueve estados, incluidos Nueva York y Pensilvania, ante preocupaciones sobre posibles actos de intimidación contra ciudadanos estadounidenses.
La decisión fue emitida el miércoles 21 de octubre por la jueza Araceli Martínez-Olguín y establece restricciones a las entrevistas y operativos de agentes federales. El fallo responde a una demanda presentada por organizaciones civiles y autoridades locales que cuestionaron los métodos utilizados para investigar a posibles votantes no autorizados.
La orden afecta a California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin. Sin embargo, no prohíbe todas las investigaciones sobre fraude electoral, sino aquellas operaciones que involucren a personas que los agentes saben o tienen motivos razonables para considerar ciudadanos estadounidenses.
Jueza cuestiona los métodos de investigación del DHS
Durante las últimas semanas, agentes del DHS realizaron operativos para investigar posibles casos de participación electoral ilegal. Estas acciones incluyeron entrevistas a personas identificadas mediante listas elaboradas a partir de padrones electorales estatales y bases de datos comerciales.
En su fallo de 19 páginas, Martínez-Olguín cuestionó la fiabilidad de esos registros. La jueza señaló que los métodos de identificación podían generar errores y provocar investigaciones contra personas con derecho a votar.
El tribunal también examinó las denuncias de organizaciones que afirmaron que los operativos estaban generando temor entre ciudadanos estadounidenses. Según los demandantes, algunas personas se mostraban menos dispuestas a participar en actividades electorales por miedo a ser investigadas.
La magistrada aclaró que investigar posibles casos de voto ilegal en elecciones federales no constituye, por sí mismo, una actividad ilícita. No obstante, consideró necesario establecer límites para evitar prácticas que pudieran intimidar a votantes y afectar su participación.
Organizaciones denuncian intimidación electoral
La demanda fue presentada por la Asociación de Enfermeras de California y National Nurses United, junto con la Fundación Voto Latino. También participaron la ciudad de San Francisco y el condado de Santa Clara.
Los demandantes argumentaron que los procedimientos federales podían perjudicar a ciudadanos estadounidenses y desalentar su participación en las elecciones.
Beau Tremitiere, abogado de Protect Democracy y representante de los demandantes, destacó el significado de la decisión judicial. Según expresó, el fallo recuerda que el poder en una democracia corresponde a los ciudadanos y que las autoridades deben respetar sus derechos.
Por su parte, un portavoz del DHS declaró a The Washington Post que la agencia no tiene previsto investigar a personas que considera ciudadanos estadounidenses.
La administración federal sostiene que sus investigaciones buscan detectar posibles casos de participación electoral ilegal. Sin embargo, la resolución establece que esas actividades deben realizarse sin vulnerar las protecciones contra la intimidación electoral.
¿Cuándo entrará en vigor la orden judicial?
La jueza aplazó la entrada en vigor de las restricciones hasta el viernes 23 de octubre, a las 5:00 p.m., hora del Pacífico. La decisión ofrece al Gobierno del presidente Donald Trump la oportunidad de presentar una apelación.
Si la orden entra en vigor y no es modificada por otra decisión judicial, las restricciones permanecerán vigentes hasta el cierre de los centros de votación el 3 de noviembre de 2026.
La medida tiene especial relevancia para Nueva York y Pensilvania, dos de los estados incluidos en la resolución. En ambos territorios, los agentes federales deberán respetar los límites establecidos para las investigaciones relacionadas con las elecciones.
El fallo se produce en medio de los preparativos para las elecciones legislativas estadounidenses. Mientras continúa el proceso judicial, las autoridades podrán investigar posibles delitos electorales dentro de los límites establecidos por la ley.
