Vietnam empezará a sancionar desde este miércoles a quienes difundan información falsa en redes sociales, con multas que pueden llegar a 50 millones de dong, unos 1.900 dólares. La medida forma parte de un nuevo decreto del Gobierno comunista que amplía las sanciones administrativas en sectores como telecomunicaciones, tecnología de la información, transacciones electrónicas y servicios digitales.
Según medios oficiales vietnamitas, la norma castigará la difusión de contenidos fabricados, tergiversados o difamatorios que perjudiquen la reputación de organismos, organizaciones o individuos. También se aplicará a publicaciones que promuevan prostitución, trata de personas, material obsceno o contenidos considerados contrarios a las tradiciones nacionales.
El decreto ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de prensa, que ven en la medida una nueva herramienta para restringir la disidencia en internet.
Multas por contenidos “dañinos”
La normativa contempla sanciones de entre 20 y 30 millones de dong, equivalentes a unos 770 y 1.150 dólares, por difundir publicaciones falsas, fabricadas o difamatorias. Las multas más altas, de hasta 50 millones de dong, se aplicarán a quienes compartan contenidos que, según las autoridades, distorsionen la historia, nieguen logros revolucionarios, afecten la unidad nacional, ofendan religiones o inciten a la discriminación racial o de género.
El texto también sanciona la difusión de imágenes explícitas de violencia, como asesinatos o escenas perturbadoras, así como la distribución de obras sin autorización de sus titulares de derechos, incluidos trabajos periodísticos, literarios o artísticos.
Además, los medios de comunicación deberán notificar a las autoridades cuando creen cuentas en redes sociales, páginas web, canales o grupos en plataformas nacionales o extranjeras.
Identidad verificada para publicar
La nueva regla se suma a otra regulación aplicada desde finales de 2024, que exige a los usuarios verificar su identidad para poder publicar en redes sociales. Esa medida ya había aumentado el control estatal sobre la actividad digital y reducido el margen para el anonimato en plataformas como Facebook, YouTube, TikTok o X.
Para el Gobierno vietnamita, estas normas buscan combatir la desinformación, proteger derechos de autor y preservar el orden social. Para sus críticos, el problema está en la amplitud de las categorías utilizadas y en la falta de precisión sobre qué puede considerarse ofensivo, contrario a la tradición nacional o dañino para la unidad del país.
En un sistema político de partido único, ese lenguaje puede permitir que publicaciones críticas sean tratadas como amenazas al Estado.
Preocupación por la libertad de expresión
Vietnam es señalado desde hace años por organizaciones internacionales como uno de los países más restrictivos del mundo para periodistas, blogueros y activistas. Reporteros Sin Fronteras afirma que, aunque la Constitución proclama la libertad de prensa, el país utiliza un amplio marco legal para encarcelar a voces consideradas incómodas.
La organización ubica a Vietnam entre los últimos puestos de su Índice Mundial de Libertad de Prensa. En reportes recientes, RSF ha señalado que el país está entre los mayores encarceladores de periodistas del mundo y que las autoridades usan leyes de seguridad nacional y normas sobre “abuso de libertades democráticas” para castigar críticas públicas.
Human Rights Watch también ha denunciado restricciones sistemáticas contra activistas, blogueros, disidentes y sus familias, incluidas prohibiciones de viaje, arrestos domiciliarios y otras formas de presión política.
Una herramienta con impacto político
El decreto llega en un momento en que los gobiernos de varios países buscan regular la desinformación digital. Sin embargo, en Vietnam, donde la prensa independiente tiene muy poco margen de operación, las sanciones despiertan dudas sobre su posible uso contra opiniones críticas.
La norma no solo apunta a publicaciones falsas. También incluye categorías políticas e ideológicas, como contenidos que “distorsionen la historia” o “nieguen logros revolucionarios”. Ese tipo de formulaciones puede abrir la puerta a castigos contra interpretaciones históricas, comentarios políticos o denuncias ciudadanas que incomoden al Gobierno.
Para periodistas y activistas, el riesgo principal es que la ley incentive la autocensura. Ante multas elevadas y posibles consecuencias legales, muchos usuarios podrían evitar publicar críticas, compartir investigaciones o participar en debates públicos.
Más control sobre el espacio digital
Con esta nueva medida, Vietnam refuerza su control sobre las redes sociales y sobre la circulación de información en internet. El Gobierno sostiene que busca frenar contenidos falsos y dañinos, pero las organizaciones de derechos advierten que el decreto puede ampliar la persecución de la disidencia.
La aplicación de la norma será clave para medir su verdadero alcance. Si se usa contra estafas, suplantaciones o campañas de desinformación, puede funcionar como una herramienta de control digital. Pero si se aplica contra voces críticas, consolidará aún más el cierre del espacio cívico.
En un país donde la libertad de expresión ya está severamente limitada, las nuevas multas colocan a usuarios, periodistas y activistas frente a una advertencia clara: publicar en redes sociales será cada vez más vigilado, más regulado y potencialmente más riesgoso.
