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Gobiernos conservadores mantienen ministerios de Medio Ambiente en Latinoamérica

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El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, saluda este jueves, al salir de la Cátedra Presidente Sebastián Piñera en Santiago (Chile). Kast reconoció a Machado, por su "coraje y valentía" en la defensa de la democracia de su país y le agradeció su "perseverancia". EFE/ Adriana Thomasa

La continuidad del Ministerio del Medio Ambiente en el nuevo Gobierno de Chile, encabezado por el presidente José Antonio Kast, refleja una tendencia regional: la mayoría de los gobiernos conservadores de Latinoamérica mantienen carteras ambientales con rango ministerial.

Las principales excepciones son Argentina, Bolivia y Ecuador, donde las estructuras gubernamentales han reducido o fusionado las instituciones dedicadas a las políticas ambientales.

Chile mantiene el ministerio ambiental

En Chile, la ingeniera Francisca Toledo asumió como nueva ministra del Medio Ambiente en la administración de Kast.

La cartera fue creada en 2010 durante el Gobierno de Sebastián Piñera y ha mantenido rango ministerial desde entonces.

Organizaciones ecologistas observan con cautela la nueva administración y han advertido sobre el riesgo de un debilitamiento de las políticas ambientales.

Entre los logros más destacados del país se encuentra que el 54 % de sus aguas están protegidas, uno de los porcentajes más altos a nivel mundial.

Recortes y fusiones en otros países

El panorama es distinto en algunos países de la región.

En Argentina, el presidente Javier Milei degradó el Ministerio de Ambiente al rango de subsecretaría y aplicó fuertes recortes presupuestarios.

Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, partidas clave del presupuesto ambiental para 2026 cayeron hasta un 92,8 %.

Además, se han promovido iniciativas favorables al sector extractivo, como la reforma de la Ley de Glaciares, que busca permitir actividades mineras en áreas previamente protegidas.

En Bolivia, el Gobierno de Rodrigo Paz fusionó el Ministerio de Medio Ambiente con el de Planificación del Desarrollo.

El país enfrenta desafíos importantes como:

  • expansión de la minería aurífera
  • contaminación de ríos amazónicos
  • incendios forestales que en 2024 destruyeron 12,6 millones de hectáreas

También ha habido un mayor acercamiento al sector agroindustrial, lo que genera preocupación sobre posibles impactos en territorios indígenas y áreas protegidas.

Cambios en Ecuador

En Ecuador, el presidente Daniel Noboa decidió fusionar el Ministerio de Ambiente con el de Energía y Minas como parte de una política de reducción del gasto público.

La nueva ley minera impulsada por su gobierno ha sido criticada por rebajar exigencias ambientales.

Sin embargo, el país también ha liderado iniciativas innovadoras, como canjes de deuda destinados a financiar la protección de las Islas Galápagos y regiones de la Amazonía.

Ministerios que se mantienen

Otros gobiernos conservadores han optado por mantener sus ministerios ambientales, aunque esto no siempre implica un fortalecimiento de las políticas ecológicas.

En Paraguay, el Ministerio de Medio Ambiente existe desde 2018. El país ha impulsado un mercado de créditos de carbono y acuerdos internacionales para atraer inversiones vinculadas al Acuerdo de París.

Paraguay produce energía 100 % renovable, principalmente gracias a las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá.

Retos ambientales en la región

En Perú, expertos han advertido un debilitamiento de los controles ambientales en los últimos años, con un aumento de la minería ilegal en zonas amazónicas.

El Gobierno mantiene el Ministerio de Ambiente, actualmente dirigido por Nelly Paredes, dentro de la administración de la primera ministra Denisse Miralles.

En Honduras, el presidente Nasry “Tito” Asfura decidió conservar la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, mientras que en El Salvador el ministerio continúa bajo la dirección de Fernando López, aunque ambientalistas han criticado la nueva ley que permite nuevamente la minería metálica.

Decisiones clave en Panamá

En Panamá, el presidente José Raúl Mulino enfrenta una decisión importante sobre el futuro de Cobre Panamá, una mina valorada en 10.000 millones de dólares que fue suspendida tras un fallo judicial que declaró inconstitucional el contrato de concesión.

El gobierno ha señalado que cualquier decisión futura se tomará bajo estricta supervisión ambiental, aunque muchos analistas consideran probable que el proyecto se reactive debido a su impacto económico.

En conjunto, la región muestra una paradoja: los ministerios ambientales siguen existiendo en la mayoría de los gobiernos conservadores, pero el debate continúa sobre si realmente tienen el poder necesario para proteger el medio ambiente frente a las presiones económicas y extractivas.

El Especialito

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