Houston podría dar marcha atrás a las restricciones que limitan la colaboración entre su policía local y las autoridades federales de inmigración, en medio de una fuerte presión del Gobierno estatal.
El alcalde John Whitmire convocó una sesión especial del consejo municipal para este viernes con el objetivo de eliminar las directrices aprobadas recientemente. La decisión llega después de que el gobernador Greg Abbott amenazara con retirar más de 100 millones de dólares en fondos destinados a la seguridad pública.
Las medidas adoptadas por el consejo prohíben que los agentes prolonguen detenciones, como en paradas de tráfico, únicamente para facilitar arrestos por parte del Servicio de Inmigración y Aduanas.
Whitmire advirtió que la pérdida de financiación estatal podría provocar una crisis en los servicios esenciales, incluyendo la policía y los bomberos. También señaló el impacto que esto tendría a pocos meses de que la ciudad sea sede del Mundial 2026.
Choque legal y político
Las autoridades de Texas sostienen que estas restricciones violan la ley estatal conocida como SB4, que impide a las ciudades limitar la cooperación con ICE.
El fiscal general Ken Paxton respalda esa postura y considera que las directrices municipales contradicen la legislación vigente.
En cambio, organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles defienden que las medidas están dentro del marco legal. Según la ACLU, la normativa solo permite retenciones cuando existe una orden firmada por un juez.
Un debate que se repite en todo el país
Houston no es un caso aislado. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago han mantenido durante años políticas similares.
Sus autoridades argumentan que limitar la cooperación con ICE ayuda a que las comunidades inmigrantes confíen más en la policía y denuncien delitos sin temor.
El debate vuelve a intensificarse en Texas, donde el conflicto entre gobiernos locales y estatales sigue marcando la agenda en materia migratoria.
