La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió diligencias de investigación para determinar el alcance de una denuncia presentada el pasado 5 de enero contra el cantante Julio Iglesias, tras conocerse que dos mujeres que trabajaron para él lo acusan de presuntos casos de acoso y agresión sexual ocurridos en 2021.
Según confirmaron fuentes fiscales, el Ministerio Público mantiene abiertas diligencias de carácter preprocesal y bajo secreto, con el objetivo de evaluar los hechos denunciados y determinar si existen indicios de delito. Debido a la naturaleza del procedimiento, no se han precisado los delitos concretos que están siendo investigados.
La existencia de estas diligencias salió a la luz el mismo día en que se hizo pública una investigación periodística conjunta realizada por eldiario.es en España y Univisión Noticias en Estados Unidos, que recoge los testimonios de dos mujeres que aseguran haber sido víctimas de abusos mientras mantenían una relación laboral con el artista.
De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido en propiedades del cantante ubicadas en España, República Dominicana y Bahamas. Una de las denunciantes trabajaba como empleada del hogar y la otra como fisioterapeuta.
Ambas mujeres aportaron documentos que, según los medios, respaldan su vínculo laboral con Iglesias, entre ellos contratos, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios tramitadas ante autoridades de varios países.
Los testimonios describen presuntas agresiones sexuales, incluidas penetraciones sin consentimiento, así como episodios de bofetadas, humillaciones, vejaciones y abuso de poder en el ámbito laboral. También señalan que estas prácticas no solo las habrían afectado a ellas, sino a otras empleadas del entorno del cantante.
La investigación periodística, firmada por cinco reporteros, sostiene que ni Julio Iglesias ni sus representantes legales respondieron a las solicitudes de comentario previas a la publicación. La agencia EFE también intentó contactar con su entorno, sin obtener respuesta.
Desde el ámbito político, el Gobierno español expresó su respaldo a que la investigación avance hasta sus últimas consecuencias. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, afirmó tras el Consejo de Ministros que no debe existir “ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad” y subrayó que el Gobierno no mirará hacia otro lado.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, recalcó que frente al machismo “la negación intensifica el problema” y manifestó su confianza en que la investigación se lleve a cabo con rigor y transparencia.
El caso se encuentra en una fase inicial y bajo secreto, por lo que será la Fiscalía la encargada de determinar si los hechos denunciados derivan en una causa judicial formal contra el artista.
