El Gobierno de Estados Unidos negó que esté presionando a Florida para cerrar Alligator Alcatraz, el polémico centro de detención migratoria instalado en los Everglades y señalado por sus costos, demandas ambientales y denuncias sobre las condiciones de los detenidos.
El Departamento de Seguridad Nacional, conocido como DHS, rechazó los reportes que apuntaban a supuestas conversaciones para poner fin a las operaciones del centro. “Cualquier reporte de que el DHS está presionando al Estado para cesar las operaciones en Alligator Alcatraz es falso”, señaló la agencia, después de que The New York Times informara sobre discusiones preliminares entre funcionarios estatales y federales.
El diario había reportado que el centro, inaugurado en julio de 2025 por el presidente Donald Trump, podría cerrarse por sus altos costos operativos. Según AP, Florida gasta más de un millón de dólares diarios para mantener la instalación y aún espera cientos de millones en reembolsos federales.
Alligator Alcatraz y una instalación temporal
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, respondió que el centro siempre fue concebido como una medida temporal. Según dijo, la instalación funcionaría como un puente mientras el Gobierno federal ampliaba su capacidad para procesar y mantener detenidos a migrantes.
“Si ellos pueden encargarse de eso, entonces sí, sería excelente para nosotros desmontar esa instalación”, afirmó DeSantis. El gobernador republicano también defendió el proyecto y aseguró que cumplió su propósito.
DeSantis sostuvo que cerca de 22.000 personas fueron puestas en proceso de deportación gracias a la apertura del centro. También afirmó que muchas de ellas habrían sido liberadas en comunidades si la instalación no hubiera estado disponible.
Sin embargo, el futuro del sitio sigue siendo incierto. Aunque el DHS niega estar presionando por un cierre, la agencia reconoció que las necesidades de detención migratoria se evalúan de forma constante.
Costos, demandas y críticas
Alligator Alcatraz ha estado rodeado de controversia desde su apertura. El centro fue construido en una zona sensible de los Everglades, lo que provocó demandas de grupos ambientalistas y de la tribu Miccosukee.
El mes pasado, un tribunal federal de apelaciones permitió que el centro continuara operando al suspender una orden previa que buscaba su cierre temporal. Esa demanda estaba relacionada con cuestionamientos ambientales y con la falta de una revisión completa sobre el impacto del proyecto.
Además, organizaciones civiles y abogados de inmigración han denunciado problemas de acceso legal, poca transparencia y condiciones insalubres dentro de la instalación. Florida ha defendido el centro y sostiene que opera de forma segura.
Para sus críticos, el problema va más allá de la política migratoria. Señalan que una instalación de este tipo, en pleno humedal, puede afectar un ecosistema frágil y complicar la supervisión de los derechos de los detenidos.
Un debate que sigue abierto
La controversia refleja el choque entre dos prioridades políticas: la agenda migratoria del Gobierno de Trump y las preocupaciones legales, ambientales y humanitarias que rodean el centro.
Por ahora, no hay un cierre anunciado. Tampoco hay una orden pública del DHS para desmontar la instalación. Lo que sí existe es una discusión abierta sobre costos, capacidad federal y el papel que Florida seguirá desempeñando en la detención migratoria.
El caso de Alligator Alcatraz seguirá bajo observación, tanto por sus implicaciones políticas como por sus efectos sobre las comunidades inmigrantes y el medioambiente. En medio de versiones contradictorias, el punto confirmado es claro: el Gobierno federal niega estar presionando para cerrar el centro, mientras Florida deja la puerta abierta a desmontarlo si Washington puede asumir esa capacidad por su cuenta.
