LUMA recibe un nuevo revés en los tribunales
LUMA Energy sufrió este viernes un nuevo revés judicial después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos denegara su solicitud para paralizar la demanda presentada por el Gobierno de Puerto Rico. El pleito busca cancelar el contrato de la compañía para operar el sistema de transmisión y distribución eléctrica de la isla.
La decisión permite que el caso continúe su curso en los tribunales de Puerto Rico mientras se atiende una apelación relacionada con una determinación previa de la jueza federal Laura Taylor Swain.
La gobernadora Jenniffer González celebró el fallo y afirmó que su administración seguirá adelante con el proceso para sacar a LUMA y buscar un nuevo operador eléctrico.
“Nuestro compromiso con el pueblo sigue firme”, expresó González en un comunicado.
El caso vuelve al foro local
De acuerdo con la gobernadora, el próximo lunes entrará en efecto la determinación de la jueza Swain de remitir los casos de anulación al Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Esa orden forma parte de una disputa más amplia sobre dónde debe atenderse el pleito: en el foro federal o en los tribunales estatales de Puerto Rico. LUMA había intentado frenar el traslado mientras apelaba, pero la nueva decisión del Primer Circuito evita que el caso quede paralizado.
González criticó a la compañía por lo que describió como intentos de retrasar el proceso mediante “juegos procesales”. Según la mandataria, LUMA primero buscó que el caso se atendiera en la esfera federal y luego apeló cuando esa estrategia no prosperó.
El Gobierno insiste en fallas del servicio
La demanda contra LUMA ocurre en medio de años de frustración por apagones, aumentos en la factura eléctrica y lentitud en la reconstrucción de la red tras el huracán María, que devastó el sistema eléctrico en septiembre de 2017.
LUMA asumió en 2021 la operación de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico. La empresa heredó una infraestructura frágil, marcada por décadas de abandono, mala administración y daños severos por desastres naturales.
Aun así, el Gobierno sostiene que la compañía no ha cumplido con las expectativas ni con las mejoras prometidas.
González mencionó avances de su administración en generación y rehabilitación de plantas, lo que, según dijo, ha reducido apagones y evitó un apagón masivo el verano pasado. Sin embargo, señaló que los problemas en la transmisión, responsabilidad de LUMA, siguen afectando directamente a la población.
Oficinas, brigadas y reclamos ciudadanos
La gobernadora también criticó decisiones operacionales de LUMA, como el cierre de oficinas y la eliminación de brigadas nocturnas. Según indicó, esas medidas fueron contrarias al interés de los ciudadanos y algunas tuvieron que ser revertidas por presión del Gobierno.
“Las fallas en la transmisión a cargo de LUMA sumado a las ejecutorias en contra de la gente como cerrar oficinas, eliminar brigadas nocturnas no le han servido bien al pueblo”, sostuvo González.
El caso tiene un fuerte componente social. En Puerto Rico, la electricidad no es solo un asunto de infraestructura. Para muchos residentes, los apagones afectan negocios, escuelas, servicios médicos, personas dependientes de equipos eléctricos y hogares que no pueden costear generadores.
Una red que sigue bajo presión
La red eléctrica de Puerto Rico sigue en reconstrucción casi una década después del huracán María. El proceso ha dependido de fondos federales, proyectos de modernización y una complicada coordinación entre operadores privados, agencias públicas y supervisión fiscal.
AP reportó previamente que LUMA tiene acceso a miles de millones de dólares en fondos federales para reconstruir la red, pero el Gobierno ha cuestionado la velocidad y efectividad con la que se han manejado esos recursos.
La compañía, por su parte, ha defendido en ocasiones su trabajo y ha señalado que recibió un sistema deteriorado por años de falta de inversión. Esa será parte de la discusión legal y política mientras el caso avanza.
La batalla por el futuro energético continúa
El fallo del Primer Circuito no cancela automáticamente el contrato de LUMA. Pero sí representa una victoria procesal para el Gobierno de Puerto Rico, que busca que el caso avance en el foro local.
La disputa ahora entra en una fase decisiva. El Gobierno quiere demostrar que la cancelación del contrato es necesaria para mejorar el servicio eléctrico. LUMA buscará defender la validez de sus acuerdos y evitar una salida forzada.
Para los ciudadanos, el punto central es más simple: electricidad confiable y asequible.
Puerto Rico lleva años esperando una red más estable. El caso contra LUMA no resolverá por sí solo todos los problemas del sistema, pero puede definir quién operará una infraestructura esencial para la vida diaria en la isla.
