Detonación interrumpe gira presidencial en Crucitas
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, fue evacuada este viernes durante una gira de campo en Las Crucitas, una zona del norte del país marcada por la minería ilegal de oro y por una creciente preocupación ambiental y de seguridad.
La mandataria recorría el área para verificar los daños causados por la extracción ilegal cuando se escuchó una detonación a la distancia. De inmediato, su equipo de seguridad activó el protocolo, la subió a un vehículo y la sacó del lugar.
Poco después, Fernández confirmó que se encontraba bien.
“Estoy bien, ya me chequearon porque es el protocolo. No se preocupe nadie más allá de lo necesario. Estamos todos bien”, dijo durante una conferencia de prensa en la zona.
El ministro de Seguridad, Gerald Campos, informó que la Policía realiza un barrido para determinar qué ocurrió. También descartó personas heridas.
Una zona bajo fuerte presión
La visita a Crucitas tenía como objetivo mostrar los daños ambientales provocados por la minería ilegal. En los últimos años, el área ha sido tomada por grupos dedicados a extraer oro de forma artesanal y contaminante.
Las autoridades decomisan con frecuencia equipos, materiales y sustancias utilizadas para la actividad minera. Entre las preocupaciones principales están el uso de mercurio y cianuro, químicos que pueden afectar el suelo, el agua y la vida silvestre.
Fernández dijo que terminó la gira “sumamente preocupada” y “sumamente dolida” por la destrucción ambiental y ecológica observada en el terreno.
También destacó las condiciones en las que trabajan los policías desplegados en la zona.
“Siempre les he tenido un gran respeto a los policías, pero después de ver las condiciones en que trabajan aquí, me quito el sombrero”, expresó.
Gobierno pide aprobar proyecto minero
El Gobierno impulsa en el Congreso un proyecto de ley para reactivar la explotación legal de oro en Las Crucitas. Según la presidenta, permitir que una empresa opere en la zona ayudaría a frenar los daños ambientales generados por la minería ilegal y reduciría la carga de seguridad pública.
Fernández aseguró que el Estado invierte cerca de 1,3 millones de dólares al mes en seguridad en el área. Aun así, afirmó que el despliegue actual resulta insuficiente.
“Tenemos 150 policías en estas ochocientas hectáreas, pero en ese terreno eso es una gota de agua en una plancha hirviendo”, declaró.
La propuesta, sin embargo, forma parte de un debate sensible en Costa Rica. El país ha construido una imagen internacional asociada a la protección ambiental, por lo que cualquier intento de reactivar la minería de oro genera resistencia entre sectores ecologistas y políticos.
El antecedente de Infinito Gold
Las Crucitas ya fue escenario de una larga batalla legal. En la zona iba a operar una mina de oro a cielo abierto de la empresa canadiense Infinito Gold, pero el proyecto quedó frenado tras decisiones judiciales.
En 2010, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró nulas las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Energía y de la Secretaría Técnica Ambiental que habían otorgado viabilidad ambiental, concesión minera y autorizaciones relacionadas con el uso del suelo.
Después de ese proceso, el área quedó vulnerable a la entrada de mineros ilegales. Con el tiempo, el problema se transformó en un desafío ambiental, policial y político.
Una detonación que eleva las alertas
Fernández relacionó lo ocurrido este viernes con la tensión que se vive en la zona.
“Si se animaron a hacer una detonación hoy, imagínense cómo será un día ordinario para los policías y la comunidad”, declaró.
En la gira también participaban diputados de varios partidos. Al menos una persona fue atendida por una crisis nerviosa, según reportes locales.
Las autoridades no han confirmado todavía el origen de la detonación ni si estuvo dirigida contra la comitiva presidencial. Por ahora, el caso se mantiene bajo investigación.
El incidente refuerza la presión sobre el Gobierno y el Congreso. Crucitas ya no es solo un conflicto ambiental. También es un punto crítico de seguridad, economía ilegal y disputa sobre el futuro de la minería en Costa Rica.
La presidenta salió ilesa, pero el episodio dejó una advertencia clara: la crisis en Las Crucitas sigue escalando y exige una respuesta que combine protección ambiental, control territorial y decisiones políticas de alto costo.
