Las organizaciones de derechos civiles Latino Justice y la Asian American Legal Defense and Education Fund (AALDEF) presentaron este jueves un documento de apoyo en una demanda contra la ciudad de Newburgh, Nueva York, a la que acusan de discriminar a votantes negros e hispanos. El caso, Clarke vs Town of Newburgh, que data de 2024, será revisado por la Corte de Apelaciones del estado en octubre y podría definir la constitucionalidad de la Ley de Derechos Electorales de Nueva York (NYVRA), promulgada en 2022.
La NYVRA busca garantizar la igualdad en la participación política de votantes negros, latinos, asiáticos y nativos americanos, entre otras medidas mediante la protección de distritos de coalición. Estos distritos permiten que comunidades diversas que residen en las mismas áreas unan fuerzas para asegurar representación en los procesos electorales.
El escrito presentado por ambas organizaciones, conocido como “amigos de la corte”, recuerda la importancia histórica de estas coaliciones y advierte que los argumentos de la ciudad y su junta municipal se apoyan en un marco legal “peligroso y defectuoso” que limitaría el poder político de comunidades de color.
En la demanda original, presentada el 26 de marzo de 2024, seis residentes acusaron a Newburgh de utilizar un sistema de votación general que viola la NYVRA y reduce el peso electoral de las minorías. Los abogados sostienen que la protección de distritos de coalición es especialmente crucial para grupos como las comunidades asiáticas, que suelen necesitar alianzas con otros sectores para defender sus intereses.
“Durante demasiado tiempo a los residentes latinos y negros de Newburgh se les ha negado una representación justa. La Ley de Derechos Electorales se promulgó para garantizar que nuestras comunidades tengan voz política colectiva para elegir a sus candidatos”, señaló César Ruiz, abogado de Latino Justice.
La decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York será clave, no solo para los votantes de Newburgh, sino también para la aplicación de la NYVRA en todo el estado y el futuro de la representación de las minorías en procesos locales y estatales.
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