El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa un plan para que el Gobierno federal deje de recomendar de forma directa la mayoría de las vacunas infantiles, promoviendo en su lugar que los padres tomen decisiones caso por caso junto a un médico.
La iniciativa supondría un cambio profundo en la política sanitaria estadounidense, que históricamente ha emitido recomendaciones claras y uniformes sobre inmunización infantil, según informó The Washington Post.
Un giro en el calendario de vacunación
Aunque la Administración no ha especificado qué vacunas dejarían de recomendarse ni ha presentado una postura oficial, la propuesta está alineada con las críticas recurrentes de Trump y del secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., al actual calendario infantil.
En la actualidad, el calendario de vacunación de Estados Unidos protege contra 18 enfermedades infecciosas, incluida la COVID-19. Expertos en salud pública advierten que debilitar las recomendaciones podría generar confusión entre padres y profesionales médicos, además de aumentar el riesgo de reaparición de enfermedades prevenibles.
Decisión compartida entre padres y médicos
Según fuentes citadas por el diario, el plan se basaría en un modelo de “toma de decisiones clínicas compartidas”, en el que los padres consultarían con médicos antes de decidir si vacunan o no a sus hijos.
Bajo este enfoque, las aseguradoras seguirían obligadas a cubrir las vacunas, pero especialistas alertan que el cambio podría transmitir la idea de desacuerdo científico, cuando existe consenso sobre la eficacia de la vacunación infantil.
Referencia a modelos europeos
El Departamento de Salud ha justificado la propuesta citando como referencia el modelo de Dinamarca, país que cuenta con un calendario con menos vacunas obligatorias. No obstante, funcionarios señalan que cualquier ajuste se adaptaría al contexto sanitario y demográfico de Estados Unidos.
Este año, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ya aplicaron parcialmente este modelo en vacunas como la de la COVID-19 y la hepatitis B para ciertos grupos específicos.
Especialistas subrayan que, aunque el diálogo médico es clave, reducir recomendaciones oficiales podría debilitar la confianza en la salud pública y tener consecuencias a largo plazo en la protección infantil.
