El caso Coral dejó este martes una de las sentencias más fuertes contra altos mandos militares en República Dominicana. Un tribunal condenó a 20 años de prisión a tres oficiales hallados culpables de participar en una estructura que defraudó al Estado por más de 4,500 millones de pesos, unos 75 millones de dólares.
El mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel Rafael Núñez de Aza recibieron condenas de 20 años de cárcel. Además, el general Julio Camilo De los Santos Viola fue sentenciado a 15 años de prisión.
El Ministerio Público calificó el fallo como “histórico” y “ejemplar”. Para las autoridades, la decisión envía una señal clara contra la impunidad en un país donde los grandes casos de corrupción suelen generar fuerte presión pública.
Altos cargos bajo la lupa
Cáceres Silvestre y Torres Robiou ocuparon puestos de alto nivel durante la Administración del expresidente Danilo Medina, entre 2012 y 2020. Cáceres estuvo al frente del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, conocido como Cusep. Torres Robiou dirigió el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Cestur.
Según la acusación del Ministerio Público, ambos organismos fueron usados para incluir en sus nóminas a personas que no prestaban servicio real. Esos pagos, de acuerdo con los fiscales, terminaban luego en manos de altos mandos vinculados a la estructura.
Núñez de Aza se desempeñaba como encargado financiero del Cusep, mientras que De los Santos Viola era subdirector de esa institución. Sus cargos, según la tesis del Ministerio Público, les permitían operar o facilitar parte del esquema.
Una red desmantelada desde 2021
El entramado fue desmantelado en 2021 mediante las operaciones Coral y Coral 5G. Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los expedientes de corrupción más relevantes de República Dominicana.
En total, el tribunal condenó a 29 acusados. Las penas van desde 3 hasta 20 años de prisión. También se ordenaron cuantiosas multas y la disolución de varias empresas vinculadas al esquema.
La sentencia fue emitida durante la madrugada de este martes, después de casi 12 horas de lectura del fallo por parte del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Una señal contra la impunidad
El procurador adjunto Wilson Camacho celebró la decisión y afirmó que la sentencia marca un precedente. A su juicio, el fallo demuestra que las estructuras de poder también pueden enfrentar consecuencias cuando se comprueban actos de corrupción.
La condena llega en un momento de alta atención pública sobre el sistema judicial dominicano. Además, refuerza el debate sobre el uso de instituciones estatales, fondos públicos y posiciones militares para beneficio personal.
El caso Coral no solo expuso un presunto fraude millonario. También mostró cómo una red podía operar desde organismos encargados de seguridad presidencial y turística, dos áreas sensibles dentro del Estado.
Para el Ministerio Público, la sentencia representa una victoria en la lucha contra la corrupción administrativa. Para la sociedad dominicana, el fallo deja una pregunta de fondo: cómo evitar que estructuras similares vuelvan a operar durante años dentro del aparato estatal.
La decisión aún puede enfrentar recursos legales. Sin embargo, por ahora, marca uno de los golpes judiciales más importantes contra altos mandos militares acusados de defraudar al Estado dominicano.
