El Legislativo de Florida dio este jueves un paso clave para revertir una de las restricciones adoptadas tras el tiroteo en la escuela secundaria de Parkland, al avanzar un proyecto de ley que reduciría de 21 a 18 años la edad mínima para comprar o transferir armas largas Florida, como rifles y escopetas.
La Cámara de Representantes estatal aprobó la medida con una votación de 74 a 37, y se espera que una propuesta similar sea discutida próximamente en el Senado de Florida. De prosperar, la iniciativa modificaría una de las leyes emblemáticas aprobadas tras la masacre ocurrida en 2018 en la escuela Marjory Stoneman Douglas.
Los legisladores republicanos, que controlan ambas cámaras del Legislativo, sostienen que los jóvenes de 18 años ya asumen otras responsabilidades cívicas y legales, por lo que consideran que deben poder ejercer plenamente su derecho a poseer armas largas Florida. Según sus argumentos, la actual limitación resulta inconsistente con otros derechos reconocidos a esa edad.
La restricción vigente fue adoptada tras el ataque perpetrado por un exalumno de 19 años, que ingresó armado con un rifle semiautomático AR-15 al centro educativo de Parkland, causando la muerte de 14 estudiantes y tres maestros. El suceso provocó una ola de protestas a nivel nacional y reactivó el debate sobre el control de armas en Estados Unidos.
Como resultado de ese clima social y político, Florida aprobó entonces una serie de reformas en materia de seguridad, entre ellas el aumento de la edad mínima para adquirir armas largas a 21 años. Aquel tiroteo sigue siendo uno de los más mortales registrados en escuelas del país y marcó un punto de inflexión en las discusiones sobre violencia armada.
El proyecto aprobado permitiría que personas de 18 años o más puedan comprar armas largas Florida tanto en transacciones privadas como a vendedores con licencia. Sin embargo, la compra de pistolas continuará sujeta a la legislación federal, que mantiene en 21 años la edad mínima cuando la adquisición se realiza a través de distribuidores con licencia federal.
El avance de la iniciativa reabre un debate sensible en el estado y a nivel nacional, al enfrentar los argumentos sobre derechos individuales con las preocupaciones sobre seguridad pública y prevención de la violencia armada.
