Cuando Julie Ramírez, una venezolana de 70 años, llegó a Trinidad y Tobago en 2016 escapando por motivos políticos, creyó que por fin tendría algo de tranquilidad. Hoy, casi una década después, vuelve a vivir con miedo. Esta vez, el temor no viene de Venezuela, sino del país donde buscó refugio. Ahora teme ser deportada.
Ramírez, solicitante de asilo y trabajadora del cuidado, describe que en las últimas semanas la ansiedad domina a toda la comunidad migrante venezolana. La sensación se intensificó luego de que circulara un memorándum del Ministerio de Seguridad Nacional, fechado el 27 de octubre, que instruye la detención de todos los extranjeros indocumentados con miras a su repatriación.
El documento filtrado también deja abierta la puerta a una posible deportación masiva, una idea que ha sacudido a una comunidad de más de 30.000 venezolanos que viven en el país caribeño. Las relaciones entre Puerto España y Caracas, ya tensas, no han ayudado a calmar la situación.
Controles policiales que generan pánico
Desde que se conoció el memorándum, los migrantes reportan un notable incremento de controles y retenes policiales. Trinidad y Tobago se encuentra bajo estado de emergencia desde julio, una medida que amplía las facultades de la Policía para detener personas, registrar propiedades y actuar sin orden judicial.
En Chaguanas, una ciudad del centro del país, un grupo de venezolanos fue detenido dentro de un taxi. Entre ellos estaba Teresa Fernández, maestra cuyo permiso de trabajo vence pronto. Relató que subir a un taxi se ha convertido en un acto cargado de temor: “Vivimos asustados. Salir a la calle ya es una apuesta”, dijo a EFE.
Angie Ramnarine, del Grupo de Apoyo a Migrantes de La Romaine, confirma que el miedo ha cambiado la rutina de muchos venezolanos, que ahora evitan el transporte público y salen lo menos posible.
Las tensiones aumentaron después de la reciente llegada a Puerto España del destructor estadounidense USS Gravely, en medio del apoyo del gobierno trinitense al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro acusó a Washington de intentar “meter una guerra en el Caribe”, palabras que encendieron aún más el clima político.
Documentos vencidos y oficinas cerradas
A la incertidumbre sobre deportaciones se suma otro problema: la renovación de permisos. Ramnarine explica que la oficina de Inmigración de San Fernando estuvo cerrada durante semanas, lo que dejó a muchos venezolanos sin posibilidad de actualizar sus documentos a tiempo.
El Gobierno ha confirmado que, de las más de 4.200 solicitudes de renovación, solo planea aprobar 727 permisos. Para personas como Ramírez, que enfrentan la expiración de sus documentos en cuestión de semanas, el futuro es alarmante. “Si me devuelven a Venezuela, temo por mi vida”, dice, recordando cómo su cafetería fue destruida por grupos oficialistas antes de huir.
David Rojas, operador de maquinaria en un aserradero, está en una situación similar. Sus ingresos actuales superan por mucho lo que ganaría en Venezuela y teme perderlo todo si su permiso no es renovado. “Aquí levanté una nueva vida. Y ahora siento que todo puede derrumbarse de un día para otro”, afirma.
Una comunidad atrapada
Entre amenazas de deportación, controles policiales y dificultades administrativas, los migrantes venezolanos viven en un limbo que se agrava cada semana. Con el país todavía bajo estado de emergencia y sin claridad sobre cómo avanzarán las renovaciones, la tensión sigue aumentando.
Para miles de familias, regresar a Venezuela no es una opción. Pero quedarse en Trinidad y Tobago tampoco parece seguro.
