El cierre del Gobierno Federal en Estados Unidos se perfila como inevitable tras el estancamiento de las negociaciones en el Congreso. El plazo vence este martes a las 23:59, pero los desacuerdos entre republicanos, liderados por el presidente Donald Trump, y la oposición demócrata mantienen bloqueada la aprobación de un nuevo presupuesto o una medida temporal.
Los republicanos presentaron una propuesta provisional el pasado 19 de septiembre, que garantizaría la financiación durante siete semanas más. Sin embargo, el proyecto fracasó en el Senado al no alcanzar los siete votos demócratas necesarios para su aprobación.
La oposición exige mantener los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), cuya vigencia expira a fin de año, y revertir los recortes a Medicaid aprobados en julio. Trump calificó estas demandas como “completamente irrazonables”, canceló las reuniones previstas con líderes demócratas y advirtió que no cederá.
En caso de que el cierre se concrete, miles de empleados federales considerados “no esenciales” serán enviados a casa sin sueldo, mientras que los agentes de seguridad, controladores aéreos y militares continuarán trabajando, también sin cobrar hasta que se aprueben fondos.
Según un memorando de la Oficina de Gestión y Presupuesto, el Gobierno instruyó a las agencias a preparar despidos masivos en programas clasificados como no esenciales, lo que incrementa la incertidumbre sobre el alcance de la paralización.
El antecedente más reciente se remonta al primer mandato de Trump, cuando el cierre se prolongó 35 días, convirtiéndose en el más largo de la historia de EE.UU. En esa ocasión, unos 340.000 de los 800.000 empleados federales fueron puestos en excedencia.
Hoy, con la oposición y el oficialismo firmes en sus posiciones, el país enfrenta nuevamente la amenaza de un parón gubernamental con consecuencias económicas y sociales de gran calado.
