El Departamento de Justicia presentó este martes una demanda federal a Nueva Jersey, al acusar al estado y a su gobernadora, Mikie Sherrill, de interferir con la aplicación de leyes migratorias federales.
La querella sostiene que una orden ejecutiva firmada en febrero impide a agentes federales realizar detenciones en ciertas propiedades estatales y utilizar instalaciones públicas como base de operaciones.
El argumento del Gobierno
Según el Ejecutivo, la medida limita la capacidad del Gobierno para hacer cumplir la ley federal y contradice la obligación constitucional del presidente de garantizar su aplicación.
Por ello, solicita que el tribunal declare inválida la orden y conceda las reparaciones que considere pertinentes.
Además, el Departamento de Justicia criticó las políticas santuario del estado y afirmó que la falta de cooperación puede afectar los procesos de deportación.
Un conflicto que ya tiene precedentes
La demanda federal se suma a otras acciones similares presentadas contra estados con restricciones migratorias. En noviembre, un juez desestimó un caso impulsado por el Gobierno contra Nueva York al considerar que sus políticas no eran inconstitucionales.
Hasta ahora, la gobernadora Sherrill no ha respondido públicamente a la acción judicial.
