Una jueza federal de Virginia suspendió temporalmente el fondo de casi 1.800 millones de dólares anunciado por el Gobierno de Estados Unidos para compensar a aliados del presidente Donald Trump que, según la Administración, fueron perseguidos durante el mandato de Joe Biden.
La orden fue emitida por la jueza Leonie Brinkema y bloquea cualquier acción relacionada con la creación u operación del llamado “Fondo contra la Instrumentalización”. Eso incluye transferencias de dinero, revisión de reclamaciones y desembolso de fondos.
Brinkema justificó la suspensión como una medida necesaria para evitar que se entreguen recursos de forma irreversible mientras se resuelve la demanda presentada contra el fondo.
La jueza fijó una audiencia para el próximo 12 de junio, en la que escuchará los argumentos de las partes y decidirá si mantiene el bloqueo por más tiempo.
Un fondo ligado a una demanda de Trump
La creación del fondo forma parte de un acuerdo con la Fiscalía que permitió a Trump retirar una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos, conocido como IRS, por la filtración a medios de comunicación de sus declaraciones tributarias.
Según el Departamento de Justicia, como parte del acuerdo, Trump, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, y la Organización Trump recibirán una disculpa formal, pero no compensación económica ni indemnización.
Sin embargo, el fondo sí podría beneficiar a otras personas cercanas al presidente. Entre los posibles beneficiarios estarían condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Demanda de dos agentes del Capitolio
La suspensión llega después de que dos agentes que estuvieron en el Capitolio durante el ataque del 6 de enero presentaran una demanda para bloquear el fondo.
Los demandantes calificaron la iniciativa como una “farsa corrupta” y como un fondo financiado con dinero de los contribuyentes para beneficiar a insurrectos y grupos paramilitares.
Su argumento central es que el Gobierno no debería usar recursos públicos para compensar a aliados políticos de Trump bajo una narrativa de persecución.
Polémica política en Washington
La creación del fondo ya generó una fuerte controversia en el Congreso.
Legisladores demócratas y un grupo creciente de republicanos buscan imponer límites para evitar que dinero público termine en manos de aliados políticos, donantes o personas vinculadas al entorno de Trump.
El debate toca un punto sensible: hasta dónde puede llegar un Gobierno al crear mecanismos de compensación para personas que considera víctimas de investigaciones políticas, especialmente cuando algunos posibles beneficiarios están ligados a episodios violentos o procesos penales.
Una suspensión temporal, no una decisión final
La orden de la jueza Brinkema no elimina el fondo de manera definitiva. Por ahora, lo congela.
La próxima audiencia será clave para determinar si la Administración puede seguir adelante o si el proyecto enfrentará un bloqueo más prolongado.
El caso también podría convertirse en una nueva batalla judicial sobre el uso del poder presidencial, el manejo de fondos públicos y la relación entre justicia, política y lealtad partidista.
Por ahora, el mensaje del tribunal es claro: antes de que se entregue un solo dólar, el Gobierno deberá defender legalmente por qué ese fondo debe existir y quién debería beneficiarse de él.
