Nicaragua denunció este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU lo que calificó como actos de “piratería moderna” y “saqueo” de los recursos de Venezuela por parte de Estados Unidos, en una sesión de emergencia solicitada por Caracas ante el aumento de la presión de Washington y su despliegue militar en la región.
Durante la reunión, el representante permanente de Nicaragua ante las Naciones Unidas, Jaime Hermida, condenó la confiscación de buques con crudo venezolano y el bloqueo de activos financieros, al asegurar que estas acciones “atentan contra la soberanía del pueblo de Venezuela” y representan una amenaza para la estabilidad de América Latina y el Caribe.
Hermida advirtió que estas medidas tienen consecuencias directas sobre el comercio internacional y la navegación marítima, y afirmó que forman parte de una estrategia de hostilidad sostenida contra el Gobierno venezolano.
Según el diplomático nicaragüense, las acciones de Estados Unidos constituyen una “guerra híbrida” orientada a provocar el colapso económico y social de Venezuela, con el objetivo de imponer un Gobierno alineado con intereses extranjeros.
Nicaragua exigió además el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en la región, al considerar que representa una amenaza directa a la seguridad de los países latinoamericanos y caribeños y una violación de los principios básicos del derecho internacional.
En su intervención, Hermida llamó a la comunidad internacional a respetar la Carta de las Naciones Unidas, en particular los principios de no intervención, solución pacífica de controversias, igualdad soberana de los Estados y la prohibición del uso o amenaza de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier país.
El representante nicaragüense reiteró la “solidaridad inquebrantable” de su país con el Gobierno de Nicolás Maduro, el pueblo venezolano y las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, y subrayó que la soberanía de Venezuela forma parte integral de la identidad de América Latina y el Caribe.
Finalmente, Nicaragua exigió el levantamiento inmediato de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, al considerar que constituyen un castigo colectivo prohibido por el derecho internacional y un factor de desestabilización regional.
