La Fiscalía del condado de Utah rechazó este martes las alegaciones de la defensa de Tyler Robinson, acusado de asesinar a tiros al activista conservador Charlie Kirk, que buscaban apartar a la oficina fiscal del proceso por un supuesto conflicto de intereses.
Durante una audiencia que se extendió por más de tres horas, los abogados de Robinson argumentaron que la presencia de la hija de uno de los fiscales en el lugar del tiroteo, ocurrido el pasado 10 de septiembre, compromete la imparcialidad del equipo que lleva el caso.
Argumentos de la defensa
La defensa sostuvo que la hija de Chad Grunander, subjefe de la fiscalía del condado de Utah, se encontraba entre el público cuando Kirk fue asesinado en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en la ciudad de Orem. Según ese planteamiento, dicha circunstancia habría influido en la decisión de la Fiscalía de solicitar la pena de muerte.
Con ese objetivo, tanto el fiscal del condado, Jeffrey Gray, como Grunander y su hija de 18 años comparecieron ante el tribunal para responder preguntas sobre cómo vivieron el hecho y si este influyó en la estrategia del caso.
Respuesta de la Fiscalía
Gray aseguró que la determinación de buscar la pena capital se tomó de manera independiente y basada exclusivamente en la gravedad de los cargos. Subrayó que no existió presión interna ni externa para adoptar esa postura.
“Las pruebas recabadas respaldan el cargo de asesinato con agravantes, y considero que la pena de muerte es totalmente apropiada en este caso”, declaró el fiscal durante la audiencia.
También defendió la imparcialidad de Grunander, señalando que su hija no presenció directamente el asesinato. La joven testificó que se encontraba a unos 25 metros del escenario, pero que no vio el momento en que se produjeron los disparos.
Cargos contra el acusado
Robinson enfrenta siete cargos, incluido homicidio agravado. La Fiscalía sostiene que el ataque se produjo por motivos ideológicos, al considerar que el acusado actuó en función de las posturas políticas de Kirk.
Además, se le imputan cargos por disparar un arma de fuego causando lesiones corporales graves, así como dos acusaciones de obstrucción a la justicia, una por ocultar el rifle y otra por deshacerse de la ropa que llevaba puesta al momento del ataque.
La Fiscalía también alegó la existencia de factores agravantes, al señalar que el acusado habría actuado sabiendo que había niños presentes que podrían presenciar el crimen.
Decisión pendiente
El juez Tony Graf indicó que todavía no ha tomado una decisión sobre la solicitud de la defensa para descalificar al equipo fiscal, ya sea de forma parcial o total.
La corte programó una nueva audiencia para el próximo 24 de febrero, en la que se espera que el juez determine si existe o no un conflicto de intereses que amerite cambios en la conducción del caso.
