La ciudad de Minneapolis enfrenta una nueva controversia tras la detención errónea de un joven ciudadano estadounidense por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, un caso que el alcalde Jacob Frey calificó como una violación flagrante de derechos constitucionales. El incidente ocurrió cuando dos agentes enmascarados interceptaron a Mubashir, un joven de 20 años, durante su pausa laboral y lo arrestaron por lo que el propio alcalde describió como un acto motivado únicamente por su apariencia. La detención errónea ICE ha generado indignación pública y renovado las críticas hacia la estrategia migratoria federal en comunidades somalí-estadounidenses.
Mubashir, quien nació en Somalia pero llegó al país siendo un niño y posteriormente obtuvo la ciudadanía estadounidense, caminaba por el barrio de Cedar-Riverside cuando los agentes lo abordaron sin identificarse. Según relató, fue obligado a subir a un vehículo y trasladado a un edificio gubernamental, donde permaneció retenido durante horas sin explicación. Solo después de insistir y mostrar su pasaporte logró ser liberado.
El alcalde Frey, acompañado por el jefe de la Policía local Brian O’Hara, denunció públicamente el caso y subrayó que la detención errónea ICE constituye un ejemplo grave de perfil racial. Frey afirmó que el arresto vulnera principios básicos de la Constitución y advirtió sobre los riesgos de permitir que agentes federales operen sin transparencia ni supervisión adecuada.
El barrio donde ocurrió el incidente es conocido como el corazón de la comunidad somalí-estadounidense de Minneapolis y ha sido objeto de redadas recientes. Estas operaciones aumentaron después de que el presidente Donald Trump señalara a inmigrantes somalíes en Minnesota, acusándolos de ingresar ilegalmente al país o de presentar solicitudes fraudulentas de visa. Sus declaraciones generaron preocupación entre líderes locales y organizaciones civiles, que consideran que la retórica presidencial contribuye a una atmósfera de hostigamiento.
El caso ha reavivado demandas de mayor rendición de cuentas por parte de ICE y de reformas que garanticen que ningún ciudadano estadounidense vuelva a ser detenido por su apariencia. Para la comunidad somalí, el incidente representa un recordatorio doloroso de la fragilidad de sus derechos frente a acciones federales imprecisas y discriminatorias.
